Partidos minoritarios repudian reformas de la Nueva Ley Electoral

Tegucigalpa, Honduras. Un bloque de  partidos políticos   minoritarios presentaron  una serie de denuncias ante las reformas a la Ley Electoral, que fueron aprobadas en el Congreso Nacional, con el beneplácito de las tres fuerzas políticas mayoritarias, Partido Nacional, Liberal y Libertad y Refundación.   

Los partidos Nueva Ruta, liderado por Esdras Amado López, que participará por primera vez en el proceso electoral; la Alianza Patriótica Hondureña, dirigida por el exjefe militar Romeo Vásquez y que acude por tercera vez a las urnas; el partido Unificación Democrática, representado por Alfonso Díaz Narváez, aseguran que la nueva normativa blinda la corrupción y es excluyente.

A esta denuncia se unió el Partido Anticorrupción, creado por Salvador Nasralla, quien fue defenestrado por su actual dirigente y exdiputada Marlene Alvarenga, que, en el proceso electoral anterior, apenas logró un curul en el Congreso Nacional.

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Contexto de la oposición 

Los líderes de este grupo de partidos políticos protestaron porque creen que la nueva normativa, les disminuye sus posibilidades de conformar las mesas electorales receptoras, igualmente les mengua los ingresos que percibirán como resultado de la deuda política en los procesos electorales.

A dicho encuentro, no acudieron representantes del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, ni el reciente creado Partido Salvador de Honduras; pero quienes han reiterado la inconformidad por la aprobación de una Ley que, según sus dirigentes, solo avala el fraude y estabiliza a grupos corruptos en el poder.

Tanto los protestantes que se reunieron en bloque partidario, como el resto de los partidos de oposición que participaron en la aprobación de la nueva Ley, rechazaron que la nueva normativa, blinde a los candidatos que tienen cuentas pendientes con el Estado.

En ese contexto, los partidos Nacional, Liberal y Libre que aprobaron el articulado electoral, justifican el respeto a la presunción de inocencia en defensa de los políticos que tienen señalamientos en los tribunales de justicia que aún no han sido juzgados ni vencidos en un juicio.

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