Los fiscales estadounidenses piden cadena perpetua
Tegucigalpa, Honduras. – El abogado Oliver Erazo, consideró que va a ser muy difícil que se vuelva a reprogramar la sentencia de Juan Antonio Hernández que está previsto para el martes 30 de marzo, debido a que se tendría que presentar una situación extraordinaria de peso para que el juez considere cambiar la fecha de la condena.
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Abogado Oliver Erazo:
"Ya no hay espacio para reprogramar la audiencia de Tony Hernández"
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Bienes confiscados superan los 130 millones de dólares
La fiscalía de los Estados Unidos ha dado la orden este lunes de la confiscación de bienes de “Tony” Hernández, valorados en 138.5 millones de dólares.
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“¿Aquí quien investiga?”, preguntó el abogado, mientras explica que en Honduras va a suceder el “efecto directo”, donde el Estado de Honduras, instituciones, organizaciones, operadores de justicia, ya tendrían que tener identificados esos efectos colaterales producto de los ilícitos, deberían de tenerlos privados y tendrían que enviar el dinero a los Estados Unidos.
Erazo detalló que Estados Unidos va a pedir cuenta a los operadores de justicia de Honduras sobre esos bienes y dicha multa se debe de hacer efectivo.
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“¿Cuál va a ser la respuesta de la ATIC?”, se preguntó Erazo, especificando que las fiscalías especiales tuvieron que haber manejado una línea de investigación y tener ya los resultados concretos. Asimismo, el profesional expresó que ni hubo requerimiento contra el condenado.
La Fiscalía de Estados Unidos, ordenó este lunes la confiscación de los bienes de Tony Hernández los cuales son valorados en 138.5 millones de dólares. pic.twitter.com/WsZayrVD92
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“Creo que el mensaje de la justicia estadounidense va a ser muy claro”, opinó Erazo, mientras hace énfasis de que este sería un ejemplo de que las autoridades estadounidenses van a ser exigentes con respecto a la clase política que está abusando del poder.
Cabe mencionar que en el caso del abogado Juan Antonio Hernández, hermano del presidente actual de Honduras, Juan Orlando Hernández, la pena mínima es de 40 años y cadena perpetua como máxima.