Tegucigalpa, Honduras.- Los Congresistas Demócratas Norma Torres y Albio Sires enviaron propuestas al presidente Joe Biden para atacar la corrupción del Triángulo Norte en países Centroamericanos.
Los delegados apoyan las propuestas migratorias de Biden para abordar la problemática principal de los países que conforman el Triángulo Norte; nombre que se conoce a los tres países centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Asimismo, los miembros del Congreso enviaron el documento con las propuestas, a la administración de Biden este lunes 25 de enero profundizando abordar la problemática de estos países.
Por consiguiente, los congresistas enviaron una petición donde reiteran su pacto para trabajar en este proyecto, donde remarcaron el compromiso para combatir la corrupción en estos países.
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Además, los demócratas sugirieron a la administración del mandatario Joe Biden facilitar a las personas indocumentadas en Estados Unidos un TPS para los países de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua como una disposición para ayudar en la recuperación de los países centroamericanos que sufrieron daños a causa de Eta e Iota.
La carta enviada a Biden ambos manifiestan que pretender trabajar en la construcción de la seguridad y la prosperidad con los países centroamericanos.
El comunicado manifiesta “la asistencia de los Estados Unidos será vital para la recuperación y reconstrucción de la región y para reducir los factores de empuje, que están impulsando un renovado aumento de la migración irregular”.
Agregó, “el gobierno de los Estados Unidos priorizará la lucha contra la corrupción y la promoción de los derechos humanos, reconociendo que es de nuestro interés nacional ayudar a los ciudadanos del Triángulo Norte a lograr vidas dignas y oportunidades en sus países de origen”.
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También, el comunicado se enfocó en describir los daños que dejaron a su paso las tormentas tropicales donde cientos de familias damnificadas quedaron en un estado de calamidad en Centroamérica, no obstante, el daño que causo en Honduras anda en un aproximado de 10 millones de dólares.
La carta explica una serie de propuestas que puedes leer a continuación:
. Apoyar a las comunidades centroamericanas afectadas por los huracanes Eta e Iota: organizar de inmediato una respuesta solida y un esfuerzo de recuperación para apoyar a la región y mejorar su resiliencia ante futuros desastres naturales como consecuencia de los huracanes Eta e Iota.
. Asegurar que la asistencia financiera de los Estados Unidos sea efectiva al dirigir los dólares de asistencia a actores no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones multilaterales, no a los gobiernos centrales y utilizando un proceso de planificación inclusivo y participativo.
. Emplear a quienes se encuentran en las regiones devastadas en cualquier esfuerzo de recuperación crear y brindar capacitación relevante para estos nuevos trabajos.
. Designar a Guatemala para el Estatus de Protección Temporal (TPS), y emitir nuevas designaciones para El Salvador, Honduras y Nicaragua.
. Ampliar los refuerzos para ayudar a la región de la respuesta y la recuperación del COVID-19.
. Trabajar con la Organización Panamericana de la Salud, los grupos de ayuda humanitaria y los trabajadores de salud locales para facilitar el despliegue de las vacunas contra el COVID-19 en la región además ayudar a fortalecer las medidas de salud pública y las estrategias de contención para minimizar la propagación del COVID-19.
. Utilice la ley Magnitsky y las autoridades delegadas en virtud de la legislación de asignaciones del Congreso aprobada recientemente para sancionar a los funcionarios corruptos; apoyar a los investigadores y defensores de la lucha contra la corrupción tanto dentro como fuera de gobierno aprovechando los 45 millones de dólares que el Congreso asignó para los esfuerzos anticorrupción y el Estado de Derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador.
. Designar embajadores comprometidos con la lucha contra la corrupción y la protección de los Derechos Humanos en El Salvador y Honduras; colaborar con el Congreso y una amplia gama de actores de la sociedad civil en el desarrollo de la estrategia de cinco años por mandato legislativo para promover la prosperidad económica, combatir la corrupción, fortalecer la gobernanza democrática y mejorar la seguridad civil en el “Triángulo Norte”.
. Trabajar con los Gobiernos en la reforma fiscal y específicamente para poner fin a la elución fiscal y la evasión al cerrar las lagunas y los paraísos fiscales.
. Instar a las instituciones financieras internacionales a implementar medidas anticorrupción y mecanismos de supervisión para los préstamos y donaciones que apoyan la recuperación económica.
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