Esta es una iniciativa impulsada por el CNA con el fin de derogar los decretos de las ciudades modelo.
Tegucigalpa, Honduras. – La junta directiva de la Asociación de Alcaldes de Honduras, en representación de 160 ediles, firmaron la iniciativa ciudadana para derogar la ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Dicha acción fue publicada en las redes sociales del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
#Importante 👏| Junta directiva de la Asociación de alcaldes y alcaldesas, representando a más de 160 ediles de #Honduras, firmaron la iniciativa ciudadana para derogar la dañina e inconstitucional Ley #ZEDE#YaNosTocaNoZeder#HondurasNoSeVende pic.twitter.com/MGMrAPI1lT
— CNA Honduras (@cnahonduras) July 6, 2021
La Asociación fue concebida durante el mes de junio con el fin de gestionar la adquisición de inoculantes contra el covid-19.
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No obstante, el titular de la corporación municipal de Cedros, David Castro, sostuvo que esta no es una organización paralela o que tenga intenciones de rivalizar con la Asociación de Municipios de Honduras (Amohn).
Por otra parte, Castro y el edil de Colinas, Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández denunciaron el silencio por parte de la AMHON y lo describieron como inaudito, ya que, esto es una violación a la soberanía nacional.
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Protestas
La ciudadanía ha realizado numerosas protestas en contra de la propuesta aprobada por el legislativo en lo que va del año.
Los habitantes de Trujillo, ubicado en el departamento de Colón, afirmaron su descontento ante la implementación de las ciudades modelo a través de un cabildo abierto celebrado el 3 de julio.
De acuerdo con el alcalde de este municipio, la decisión fue unánime.
Algunos de los departamentos en los que se mantienen las manifestaciones son Atlántida, Cortés, Colón, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Olancho.
En Roatán ya se está efectuando la construcción de una ciudad modelo denominada como Roatán Próspera, confirmó el gobernador Rully Ziguenza.
Por su parte el analista político, Olban Valladares, recomendó a las autoridades gubernamentales no hacer caso omiso al visible descontento de los habitantes y someter estos decretos a una segunda revisión o a consulta popular.
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