El ex fiscal general de la República, Edmundo Orellana, manifestó que el informe que envío el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) al Ministerio Público (MP) donde indica que hay indicios de responsabilidad penal en el caso de la compra de siete hospitales móviles y otros insumos por INVEST-H está viciado por el magistrado presidente, José Juan Pineda.
«Es un documento sin sustento que no tiene ningún efecto legal y tiene varias aristas, está viciado porque ha sido remitido por el magistrado presidente del TSC quien estaba impedido de participar en este asunto porque tiene vínculos familiares con Marco Bográn ex director de INVEST-H», dijo Orellana.
En segundo lugar, manifestó que es un documento que pretende ser imputativo de responsabilidad penal y no se le dio la oportunidad al señor Bográn para defenderse como lo establece la ley.
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Además, señaló que es impertinente y extemporáneo porque no puede presentarse un informe imputativo de responsabilidades mientras se está ejecutando el presupuesto.
«Es el TSC quien supuestamente garantiza que el gasto se haga bien y resulta que su presidente actúa con tal ligereza y eventual violación de la ley», añadió.
Según el ex fiscal, el magistrado no puede alegar ignorancia a la ley porque el juramento que hizo ante el Congreso Nacional y el pueblo hondureño es que él iba a cumplir y hacer cumplir la constitucional y las leyes; «siendo abogado es imperdonable».
Sobre la concesionaria de Palmerola International Airport que solicita 51 millones de dólares por indemnización por pandemia dijo que son consecuencias de la privatización y si la petición se está sustentando en el contrato, revela que es leonino y va contra los intereses del pueblo, por lo tanto, debería ser nulo.
«Normalmente en la negociación está mejor preparado el contratista que el Estado y sabe imponer cláusulas; los funcionarios actúan con irresponsabilidad porque no cuidan los intereses como no es de ellos y no les cuesta lo hacen fiesta», enfatizó.