El ex Fiscal General de Honduras, Edmundo Orellana, manifestó que las ilegalidades que hizo INVEST-H en la compra de hospitales móviles le causarán daños irreparables al Estado sino se toman las acciones respectivas.
Orellana dijo que desde el momento que se escogió una empresa sin antes comprobar si tenía la capacidad técnica, financiera y la estructura operativa para construir estos módulos hospitalarios, era evidente que no siguieron la Ley de Contratación del Estado.
Asimismo, agregó que se debió verificar si se hicieron pliegos de condiciones, es decir, un documento donde se confieren las obligaciones y derechos, pero además las especificaciones que se piden al proveedor.
El ex fiscal catalogó como «mortal», el pagar el costo total de los hospitales antes de la entrega porque en caso de incumplimiento, el Estado no podrá recuperar el dinero.
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Para ese caso, explicó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe proceder contra la empresa por el incumplimiento del contrato y sobre los funcionarios que actuaron de manera negligente.
Sobre el Ministerio Público (MP) dijo que deberá investigar si los funcionarios actuaron al margen o en contra de la ley, para que puedan proceder cuando tengan toda la información pertinente.
«Hay que tener esperanzas, es lo único que nos queda, pero en el camino hay que verificar que fue lo que se hizo mal de parte del Estado y del proveedor para deducir responsabilidades penales, administrativas y civiles», sostuvo.
También, lamentó que el MP no pueda inspeccionar los hospitales móviles por las limitaciones que Aduanas le impone.
«Yo ya hubiera procedido contra esos funcionarios porque están obstruyendo las actividades del Ministerio Público para investigar el delito», expresó.
Por último, enfatizó que al Tribunal Superior el Cuentas (TSC) le corresponde hacer las auditorias hasta que se ejecute el funcionamiento de los hospitales móviles.
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