El Congreso Nacional aprobó reformas en varias leyes, incluyendo las orgánicas de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional, relacionadas con la prevención de la tortura.
Una de estas reformas consiste en la adición del artículo 95ª, que establece que los organismos que formen parte del Sistema de Educación Policial deben ofrecer cursos y capacitaciones dirigidos a los miembros de la carrera policial.
Esto con el objetivo de que conozcan las disposiciones de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Además, se propone añadir al artículo 116ª de la Ley de la Carrera Policial la posibilidad de que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el Comité Nacional para la Prevención Contra la Tortura.
Además, se reformó el Artículo 8 de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura
Como tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tengan acceso al registro de detenidos de la Policía Nacional previa solicitud.
Para garantizar la representación continua de la sociedad civil, incluso en casos en que no se haya elegido oportunamente un nuevo representante en asamblea.
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Programa de formación
Además, se establecen programas de formación permanente y obligatoria para todos los servidores públicos, especialmente los miembros de los cuerpos de seguridad, el personal penitenciario y las Fuerzas Armadas.
Por otro lado, se exige a la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Nacional Penitenciario (INP)
Que se registren y mantengan estadísticas actualizadas sobre el número de participantes en los programas de formación, desglosadas por institución, rango, género y otros indicadores relevantes.
Asimismo, se crea la Mesa Interinstitucional de Seguimiento de Compromisos y Recomendaciones en Materia de Tortura.
Cuyo objetivo es diseñar y ejecutar estrategias para identificar prioridades y dar seguimiento a las observaciones realizadas por los mecanismos de protección de los derechos humanos.