La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Honduras por la destitución arbitraria e ilegal de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2012, después de que emitieran fallos contrarios a proyectos de Gobierno del entonces presidente Porfirio Lobo Sosa.
La CorteIDH emitió una sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la “destitución arbitraria e ilegal” de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El fallo indica que además el Estado no garantizó el acceso a un recurso efectivo de defensa y que incumplió el deber de investigar las amenazas y hostigamiento que recibieron las víctimas de este caso, así como el deber de establecer medidas de protección.
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“La destitución fue aprobada por la mayoría del Congreso en una sesión que se desarrolló mientras el edificio del poder legislativo se encontraba rodeado por miembros de las Fuerzas militares y policiales”, señala el escrito.
La Corte Interamericana, logró determinar que los magistrados fueron destituidos por autoridades que ‘carecían de competencia’, derivando en la violación de la garantía de la independencia judicial.
El tribunal internacional determinó que el Estado es responsable por la violación al derecho a las garantías judiciales, al principio de legalidad, a los derechos políticos, a la protección judicial, al derecho al trabajo y a la integridad personal.
