El miércoles pasado, el Congreso Nacional aprobó un estado de excepción de 45 días para el decreto ejecutivo PCM 52-2023, que suspende las garantías constitucionales y es conocido como estado de excepción.
Esta medida estará en vigor desde el 1 de enero hasta el jueves 15 de febrero.
A pesar de que el Consejo de Ministros ya había aprobado esta medida, todavía se necesitaba la ratificación del Congreso Nacional.
Se establece la implementación de la normativa legal en 158 municipios de Honduras para combatir la incidencia criminal provocada por estructuras criminales organizadas.
Varios sectores critican que el estado de excepción no ha logrado detener la ola criminal que afecta al país.
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Estado Excepción
Un estado de excepción es una situación en la que se suspenden temporalmente ciertas garantías y derechos constitucionales en un país.
Generalmente debido a circunstancias extraordinarias como conflictos internos, desastres naturales o amenazas graves para la seguridad nacional.
Este estado se puede ser declarar por el gobierno para permitir medidas extraordinarias de seguridad o para hacer frente a emergencias específicas.
Dependiendo de la legislación de cada país, esta condición puede variar en su alcance y duración.
Puede implicar la restricción de derechos civiles, la movilización de recursos adicionales o la imposición de toques de queda, entre otras medidas.