En la mañana de este jueves desalojaron la casa museo del capo, Pablo Escobar, que era dirigida por los miembros de su familia, uno de ellos, es su hermano, Roberto Escobar, alias El Osito.
Las autoridades encargadas fueron la Sociedad de Activos Especiales, SAE, y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Según medios locales, los familiares se negaron abandonar el domicilio, sobre la cual pesa una orden de extinción de dominio.
Asimismo, al momento de la diligencia policial, en el predio estaba alias El Osito.
Una fuente de la SAE precisó que la extinción de dominio es contra la propietaria del predio por presunto lavado de activos.
La mujer, según investigaciones de las autoridades, solo sería figurante y no la dueña real del inmueble.
Extraoficialmente, se conoció que la finalidad del desalojo es para que la familia de Escobar saque todos los elementos del museo, pues estos no fueron incluidos en la extinción del dominio.
Y como no fue posible realizar el trámite de desalojo, la SAE otorgó unos días más a alias El Osito y retomará en enero la diligencia.
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Notificaciones legales
Precisamente, el pasado 20 de octubre, la SAE notificó a la familia que tomaría posesión de ese predio, donde la familia conservaba varias pertenencias de Escobar y las exhibía al público en general.
El inmueble está avaluado en 12 mil millones de pesos y era administrado por uno de los hermanos del excapo.
‘Osito’ convirtió la propiedad en un museo y puso en vitrinas los objetos que usó en vida su hermano Pablo.
El sitio era visitado frecuentemente por extranjeros y él se encargaba de contar la historia del conflicto en primera persona.
No obstante, la Fiscalía, en julio se ordenó la demolición de una parte de la infraestructura porque no tenía las autorizaciones.
“De acuerdo con la orden, impuesta por la Inspección de Policía 9B, el predio tenía una construcción de dos plantas que no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento, edificación y apertura al público”, relató la Alcaldía.
Aunque los propietarios usaron todas las vías legales para esquivar la intervención, un juez dio la última palabra y ordenó tumbarlo.
También se les advirtió que seguirían los procesos constitucionales para determinar si podría ser objeto de alguna sanción extra, como pasó.
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