DEPORTES.- Nuevo giro en el caso Negreira, el juez instructor de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investiga los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira por parte del FC Barcelona, dictó un auto en el que imputa al club y a sus directivos investigados.
Entre ellos los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, así como a José María Enríquez Negreira y a su hijo, en delito de cohecho.
El club azulgrana iría al banquillo por un presunto delito de «cohecho», un tipo penal que no exige demostrar la adulteración de partidos concretos y que contempla condenas más graves que el delito de corrupción entre particulares que se atribuía hasta ahora a los investigados.
El proceso judicial se tramitaría por la ley del jurado, así que sería un tribunal popular el que decidiera la inocencia o la culpabilidad de los imputados.
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En cuanto a la actuación del club, el magistrado Aguirre subraya que dichos abonos cesaron en el momento que Negreira dejó su cargo como vicepresidente del CTA, lo que demuestra, en su opinión, que estos se hicieron en atención al cargo que desempeñaba.
De hecho, el instructor recuerda que Negreira amenazó al club con destapar la práctica que se llevó a cabo entre 2001 y 2018 si no se mantenían los pagos.
Por todo ello, el juez atribuye al exvicepresidente de los árbitros, al igual que a su hijo Javier, un delito continuado de cohecho pasivo, mientras que al Barça le imputa un delito continuado de cohecho activo por los pagos efectuados a un funcionario público.
Pieza secreta
La nueva imputación se ha conocido a primera hora de este jueves, poco después de que comenzaran a saltar noticias sobre la orden que ha dado el juez instructor a la Guardia Civil para proceder a la entrada y registro de las oficinas del Comité Técnico de Árbitros, situadas en la sede de Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
El registro, que se inició en pleno comienzo de la jornada laboral, se está llevando a cabo por la Unidad de Policía Judicial de la Zona de Cataluña de la Guardia Civil en búsqueda de nueva documentación, según han informado fuentes judiciales, esta diligencia se está practicando en el marco de una pieza separada de la investigación declarada secreta.
