Fiscalía de Perú denuncia al presidente Pedro Castillo

En una rueda de prensa con periodistas extranjeros, Castillo denunció que estamos ante “una nueva modalidad de golpe de Estado”.

 

Internacionales. La Fiscalía de Perú presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, a quien acusa de liderar una organización criminal, tráfico de influencias y colusión en tres casos diferentes.

“Hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal”, anunció la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una comparecencia en Lima.

La denuncia, que también cobija a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, “se sustenta en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales”, indicó la Fiscalía en Twitter.

En lo que respecta al presidente Castillo, dice ser inocente, asegura que este hecho se configura como un intento de «golpe de Estado.

 

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ACUSACIONES CONTRA EL PRESIDENTE

 

Sobre la reciente denuncia, la fiscalía de Perú dijo: “Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direcciones los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”

Castillo, que ya enfrenta varios escándalos,  ha sobrevivido a dos intentos de juicio político y  seis investigaciones preliminares en el poco más de un año que lleva de presidente y la acusación constitucional presentada el viernes supone la culminación a meses de titulares sobre supuestas irregularidades e ilícitos cometidos por su entorno.

Cabe resaltar que en Perú los presidentes gozan de la condición de aforados, por lo que tienen inmunidad y no pueden ser acusados de delitos por los tribunales.

 

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De ahí la relevancia de la actual denuncia constitucional, un procedimiento especial que se aplica en exclusiva a altos funcionarios del estado y aforados (como el presidente de la República y congresistas).

El país podría estar escribiendo una nueva página de una larga crisis de años que no logra conjurar.

 

 

REDACCIÓN: ALYSSON AGUILAR

 

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