Esta millonaria deuda hace improbable que esa polémica iniciativa sea revisada o eliminada por el nuevo Gobierno.
Tegucigalpa- Honduras. La Tasa de Seguridad Poblacional heredó una deuda con el sector financiero nacional cercana a los 3,000 millones de lempiras que será pagada hasta el año 2029, según refleja el último informe financiero del Comité Técnico del Fideicomiso (CTF).
El departamento de prensa de Radio Cadena Voces (RCV), tuvo acceso a este informe financiero mediante una solicitud de acceso a la información pública, en el que, además, se pidió el detalle de todas las «inversiones» realizadas en el año 2021 con los ingresos del Tasón.
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TASA DE SEGURIDAD QUEDÓ ENDEUDADA EN L2,800 MILLONES HASTA EL 2029
Tasa de Seguridad adeuda a cinco instituciones financieras. pic.twitter.com/vboSyGrUFi
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Sin embargo, la descripción, el detalle y monto de las inversiones realizadas sigue siendo manejado como un secreto de Estado amparándose en la Ley de Secretos Oficiales, razón por la que no fue posible tener acceso a esa información.
La Tasa de Seguridad Poblacional es una iniciativa que se creó en 2014 por el entonces presidente del Congreso Nacional (CN), Juan Orlando Hernández, supuestamente para fortalecer a los operadores de justicia en su lucha contra la delincuencia común y criminalidad organizada.
La información recabada por RCV establece que entre 2012 y 2021, el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad recaudó un poco más de 21,809 millones de lempiras, siendo el sector financiero el mayor aportante con 20,393 millones, producto de las retenciones aplicadas a sus clientes en distintos servicios financieros.
Le sigue el sector minería y medio ambiente con 627 millones, telefonía móvil 432 millones, comidas rápidas 182 millones, sector cooperativo con 143 millones, casinos y tragamonedas con 33 millones de lempiras en los últimos diez años.
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CCIC, Eduardo Facussé"Hay mucha opacidad en relación al manejo del presupuesto de la Tasa de Seguridad".
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El Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, presidido por el expresidente Juan Orlando Hernández, manejó de forma discrecional y sin ningún tipo de planificación los fondos del Tasón, lo que llevó al CTF a solicitar préstamos a la banca privada para cumplir con los compromisos.
A la fecha, La Tasa de Seguridad adeuda a cinco instituciones del sistema financiero un saldo de los últimos emprestitos realizados por el anterior Gobierno que ascienden a un total de 2,819.7 millones de lempiras, dos de los cuales su vencimiento caduca en marzo de 2029, dos en diciembre de 2028 y uno en febrero de 2024.
El CTF argumentó que esa deuda obedece al hecho que a partir de 2014, desde la creación de la Ley de Seguridad Poblacional, la demanda de recursos para financiamiento de proyectos fue superior a los ingresos anuales por concepto de recaudación.
En vista de lo anterior, el Gobierno presentó una reforma a la ley con el objetivo de buscar financiamiento en la banca para los programas y proyectos solicitados por la Policía Nacional, Las Fuerzas Armadas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público (MP), la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y las municipalidades.
El Comité del Fideicomiso no respondió a la solicitud formulada por RCV con respecto al detalle y montos de los proyectos financiados con la Tasa de Seguridad y solo se limitó a proporcionar el dato global de los egresos, en una clara muestra de opacidad como ha ocurrido en los últimos años.
Tampoco facilitó información de las transferencias realizadas a Casa Presidencial u a otras instituciones del Poder Ejecutivo que no tiene que ver con el sector justicia, pero que recibía fondos para otros menesteres como la compra de aviones y vehículos de lujo.
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CCIC, Eduardo Facussé"Algunas compras realizadas que no caben en Ley de Secretos".
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El año pasado el Departamento de Prensa de RCV logró confirmar que el Gobierno a través del Tasón ordenó la compra de 90 camionetas de lujo, cuya asignación y destino se desconoce porque no existe un informe al respecto.
El CTF se ampara en la Ley de Secretos Oficiales para no proporcionar esta y otra información relevante y se espera que con la reciente derogación de esa polémica iniciativa comience a desclasificarse información que fue clasificada como secreta y últrasecreta, como la compra del avión presidencial.
De los 21, 809 millones de lempiras recaudados hasta la fecha, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) se han repartido con la cuchara grande los fondos de la Tasa de Seguridad.
Como ejemplo, solo el año 2021 la Policía recibió un total de 1,402 millones de lempiras, seguido por la Secretaría de Defensa con 741 millones, DNII 85 millones, Ministerio Público 68 millones, Poder Judicial 72 millones y el componente de prevención 59 millones y municipalidades 3 millones.
El nuevo Gobierno de Xiomara Castro se comprometió a revisar la continuidad de la Tasa de Seguridad por su impacto que tiene en la ciudadanía, pero hasta la fecha no ha habido un avance en esa ruta.
Con esta millonaria deuda es poco probable que el nuevo Gobierno tomé la determinación de eliminar la Tasa de Seguridad, la cual se ha convertido en un nuevo impuesto que golpea los ingresos y ahorros de los hondureños.
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