Los establecimientos asegurados están localizados en Trujillo, Colón, y se encuentran bajo la administración de la OABI.
Tegucigalpa. El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, en una entrevista exclusiva para el noticiero Primera Plana de Radio Cadena Voces (RCV), expresó que los bienes incautados a Los Cachiros y a otras organizaciones del crimen organizado, no reúnen las condiciones para someterse a una subasta anticipada.
Asimismo indicó, que la venta anticipada procede cuando el bien puede desaparecer o dañarse, antes de que se dicte la sentencia y en este caso se debe solicitar la autorización del Tribunal Superior de Cuenta (TSC), y el apruebo del Fiscal General.
Los bienes están localizados en Trujillo, Colón, y se encuentran bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
“Hay opacidad en el manejo de los bienes asegurados, no entiendo por qué el Ministerio Público (MP), no procede formalmente, todo está tan claro que no necesita investigación”, puntualizó Orellana.
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Exfiscal General de la República, Edmundo Orellana"Hay opacidad en el manejo de los bienes incautados, no entiendo por qué el Ministerio Público no procede formalmente, todo está tan claro que no necesita investigación".
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PROCESO JUDICIAL
Por otro parte, el exfiscal explicó que, aunque la OABI es una oficina con responsabilidades administrativas, el bien que están gestionando es un capital que lo hace por disposición del TSC con un proceso judicial.
«La Ley indica que el juez autoriza la subasta, no la venta directa y se debe seguir el procedimiento para establecer un precio base, que le corresponde a la OABI establecer el avalúo», agregó.
Es importante señalar, que un bien incautado luego de haberse sometido a una subasta pública a través del TSC, se realiza el procedimiento para que el inmobiliario pase a posesión de una persona natural.
DELEGACIONES PARA LA VENTA ANTICIPADA
El acuerdo publicado el primero de noviembre del presente año, en el Diario Oficial La Gaceta, autorizó a la viceministra de la Presidencia, Scarleth Michelle Paredes Martínez para proceder a la venta anticipada y de forma directa de los bienes.
Seguidamente, Orellana, aseveró que a la viceministra la podrían procesar criminalmente en un futuro si emite la orden.
Por último, aseguró que basta con leer el decreto para saber que se ha violado la ley y si acaso se llegue a ejecutar se debe ir en contra del director de la OABI y del Tribunal que lo autorice.
En su último informe la OABI, reportó que en su poder se encuentran al menos 2,349 bienes inmuebles, 1,051 casas, 80 apartamentos, 107 edificios, 44 bodegas, 146 locales comerciales y 778 terrenos baldíos, en diferentes zonas del país.
Redacción: André Castro.
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