Según el director de Transparencia y Gobernanza de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, el informe que presentó el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al Ministerio Público (MP) no indica quiénes son los funcionarios con responsabilidad penal en la compra de hospitales móviles y otros insumos para la emergencia nacional por COVID-19.
Además, señaló que no aclara ante quién el MP debe hacer una investigación criminal ni los supuestos delitos a los que incurrieron.
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«No están ayudando al proceso investigativo criminal y no están haciendo una actuación coordinada en materia de combate a la corrupción», enfatizó.
En ese sentido, Ramírez, cuestionó que el magistrado presidente del TSC, Juan José Pineda, se excusara de conocer las investigaciones el mismo día que envío el informe al MP.
«Se está contradiciendo prácticamente, eso demuestra una mala intención para afectar la investigación como tal», añadió Ramírez.
Asimismo, aseguró que Pineda fue el único magistrado que tuvo acceso a ese informe y quedó evidenciado en la conferencia de prensa donde no se presentaron los demás magistrados.
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