La coordinadora de los juzgados de familia, Ana Cardona mostró preocupación ante el creciente número de demandas por alimentos presentadas en los últimos tres meses y medio, alcanzando la cifra de 255 casos, entre los cuales se incluyen dos hombres.
Se espera que una vez que entre en vigor el reglamento para la aplicación del registro de deudores alimentarios.
Cardona, expresó su satisfacción y anotó que espera que con esta medida coercitiva disminuyan las demandas por alimentos.
Esta tendencia “alarmante” ha impulsado la adopción de medidas coercitivas para abordar la problemática de la paternidad y maternidad irresponsable, remarcó.
Asimismo, Cardona enfatizó que estas acciones no constituyen una ley dirigida exclusivamente contra los hombres.
Si no que buscan promover la responsabilidad parental en beneficio de los menores involucrados.
Lea más: CSJ aprueba medidas contra deudores alimenticios
Le puede interesar. Tomás Zambrano, denuncia que se está gestando desde el CN que no se realice pleno en la CSJ
Deudores alimenticios
La implementación del registro de deudores alimentarios morosos ha sido recibida con satisfacción por parte de las autoridades judiciales.
Quienes consideran que esta medida contribuirá significativamente a reducir la incidencia de incumplimientos en el pago de pensiones alimenticias.
A partir de la entrada en vigor de este registro, los deudores alimentarios morosos serán catalogados de manera similar a una central de riesgo financiero.
Esto implica que las entidades del sistema financiero estarán obligadas a consultar este registro antes de otorgar créditos, abrir cuentas bancarias u ofrecer cualquier servicio financiero.
La prioridad en la aplicación de estas medidas es garantizar el interés superior del menor, evitando que se vean afectados por la falta de cumplimiento en el pago de pensiones alimenticias, amplió.
Finalmente, la coordinadora de Juzgados de Familia anotó que se destaca que esta legislación ya se encuentra en vigor desde hace días.
Su implementación efectiva es un paso crucial para asegurar su eficacia en la protección de los derechos de los menores y promover la responsabilidad parental.