La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló una serie de irregularidades en los contratos de energía térmica en Honduras suscritos por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
A través del análisis exhaustivo de contratos de energía, contrataciones de emergencia y solicitudes de información a través del Instituto de Acceso a la Información (IAIP), el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras ha descubierto prácticas que amenazan tanto la estabilidad financiera como el bienestar ambiental del país.
Durante la presidencia de José Manuel Zelaya, se declaró emergencia en el subsector eléctrico, dando paso a contratos directos, incluyendo uno otorgado a la empresa Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. (CECHSA) por 150 MW a base de carbón.
A pesar de las advertencias del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre la inadecuación de estos contratos, el Congreso Nacional los aprobó, generando un precedente perjudicial.
El contrato con CECHSA, firmado en 2008, estuvo marcado por irregularidades desde su concepción, a pesar de los indicios de sobrecostos significativos (según el TSC era en exceso de los USD 1,560 millones durante la duración del contrato), este se mantuvo vigente durante años, sin entrar nunca en operación y en 2014 estuvo en proceso de cancelación.
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El contrato nunca entró en operación en 14 años lo que causó un déficit en el Sistema Interconectado Nacional, obligando al país a depender del Mercado Eléctrico Regional.
En 2024 el contrato revivió bajo el nombre de «Brassavola», con modificaciones radicales en tecnología, duración y ubicación, lo que sugiere una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas.
El impacto financiero de estas decisiones es alarmante, con una alta dependencia en la generación térmica que ha llevado a una tarifa eléctrica nacional significativamente más cara que la de los países vecinos.
La entrada en operación de la nueva planta de Villanueva representaría un aumento adicional en la tarifa del usuario final de al menos un 4 %, generando una presión financiera insostenible para la ENEE superior a los 10 mil 185 millones de lempiras, lo que representa el 35% del presupuesto para compras de energía de la estatal y el gobierno.
La ASJ insta al TSC realizar una auditoría exhaustiva de los contratos otorgados a CECHSA y otras empresas, al Congreso Nacional a no aprobar contratos lesivos para las finanzas del país, y a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a no permitir que los costos de generación se trasladen a los usuarios finales, y a la ENEE a culminar el proceso de depuración de contratos.
De igual forma, se hace un llamado a los entes multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo a condicionar los financiamientos otorgados al país y a instituciones como la ENEE.