El Ministerio Público, a través de diversas unidades como la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), está llevando a cabo acciones para confiscar 131 bienes, del expresidente Juan Orlando Hernández.
Estos bienes incluyen propiedades, empresas y productos financieros, que se consideran de origen ilícito y están registrados a nombre del expresidente.
Su esposa Ana Rosalinda García Carías y otros miembros de su círculo cercano.
Estos activos, distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, abarcan un total de 32 inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 instrumentos financieros.
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Esta medida constituye un paso crucial en el proceso de lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país.
Esta iniciativa surgió como resultado de exhaustivas investigaciones realizadas por fiscales y detectives, luego del juicio llevado a cabo en Nueva York,
Donde Hernández fue hallado culpable de tres cargos relacionados con actividades ilícitas.
Además, como parte de estas acciones, se están realizando inspecciones en 19 propiedades aseguradas, en estrecha colaboración con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Esto con el fin de garantizar la eficaz administración de los bienes confiscados.
Por lo tanto, el Ministerio Público reafirma que seguirá dándole seguimiento a la investigación, después de la información a la que tuvo acceso la comitiva luego de ser enviada por el Fiscal general de New York