Nació el 13 de junio de 1978 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado tiene 16 hermanos, entre ellos el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
Desde muy joven ingreso al Partido Nacional (PN) para luego convertirse en abogado y diputado del Congreso hondureño durante el periodo que comprende los años 2014-2018.
Para las elecciones llevadas a cabo en el año 2013, Tony fue reelecto como diputado suplente por el departamento de Lempira para posteriormente ocupar la banca en lugar de Samuel Reyes, que fue nombrado ministro de Defensa.
Tony también fue escribiente y receptor de la Corte Suprema de Justicia, en el Instituto de la Propiedad (IP) logro ser el jefe de la Unidad de Implementación de Registros y presidente de la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social del Congreso Nacional.
Comienzo en el mundo del narcotráfico
Tony participó en el tráfico de drogas entre los años 2004 y 2016, aproximadamente. Su cercanía con los niveles más altos y poderosos del poder político hondureño y los principales grupos de narcotráfico en Honduras lo convirtieron en uno de los operadores más influyentes del narcotráfico del país.
El papel que jugo de Tony Hernández fue el de un mediador entre diversos actores criminales y el poder político. De acuerdo con los documentos presentados, Tony les ofrecía protección a narcotraficantes y les facilitaba sus operaciones de tráfico de droga a cambio de que ellos financiaran campañas políticas del Partido Nacional, incluyendo las de su hermano.
Tony empezó su carrera criminal con la ayuda de los hermanos Valle Valle, quienes formaban uno de los carteles del narcotráfico más poderosos del país que se ubicaba en el departamento de Copán, en la frontera con Guatemala.
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Asimismo, Tony presuntamente ayudó al cartel de los Valle Valle a asegurar la ruta por la cual trasladarían la droga que atravesaría el occidente de Honduras, incluyendo el departamento de Lempira. Más adelante, en su condición de abogado, les haría favores a los Valles con sus negocios legítimos.
Cabe destacar que dentro del departamento de Copán también operaba Alexander Ardón mejor conocido como “Chande” quien fue alcalde del municipio del Paraíso y lidero el cartel AA, al cual Tony también le había prometido que le brindaría protección en 2009 para llevar a cabo las operaciones del tráfico de drogas.
Acusaciones por narcotráfico
El 13 de octubre del 2016, Santos Orellana Rodríguez quien era capitán de las Fuerzas Armadas (FF. AA) fue señalado por Estados Unidos por tener presuntos nexos con el narcotráfico, no obstante, este denunció en un medio de comunicación nacional, que lo sobornaron con la oferta de $1 millón para no dar información sobre el supuesto helicóptero que poseía droga perteneciente a Tony Hernández.
Luego de las fuertes declaraciones dadas por parte del capitán Rodríguez, Hernández negó totalmente todas las acusaciones por medio de una conferencia de prensa y en octubre viajó Miami, Estados Unidos, para dar su declaración. Después, en 2017 brindó más declaraciones, pero en el Ministerio Público de Honduras.
El 17 de marzo del año 2017 Hernández fue acusado nuevamente, pero esta vez por Devís Leonel Maradiaga quien era exlíder del cartel famoso cartel del narcotráfico “Los Cachiros”, quien confeso en la corte de New York que este recibía sobornos a cambio de saldar una deuda que el gobierno tenía con una empresa de lavados de activos.
Captura en Miami
Finalmente, el 23 de noviembre del 2018 Hernández fue arrestado en el aeropuerto de Miami bajo los cargos de: conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras, artefactos destructivos y por ofrecer declaraciones falsas ante oficiales estadounidenses.
La Fiscalía afirmó que Hernández estuvo implicado en el tráfico de toneladas de cocaína que iban hacia Estados Unidos, que soborno a varios funcionarios en Honduras y que estaba aliado con algunos narcotraficantes peligrosos de México y Colombia.
Posteriormente, el 30 de marzo del 2021, Tony Hernández fue condenado a una cadena perpetua con 30 años de prisión por los cargos antes mencionados.