Empleada de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), Nubia Martell, señaló que junto a otros trabajadores de la institución ya suman más de 20 días en protesta por la situación de acoso laboral que enfrentan.
Martell también declaró que rechazan la mediación del ministro de Planificación Ricardo Salgado, por estar descalificado desde el mismo Gobierno.
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“Se agudiza la situación, desde afuera la gente ve lo que está pasando y cómo es posible que adentro no lo vean, hoy vamos a tomar medidas más drásticas”, advirtió.
La empleada en protesta se declaró en calamidad doméstica y no son escuchados, a pesar de estar exigiendo solo sus derechos.
Los protestantes dicen estar firmes, a pesar del agotamiento y amenazas siguen firmes, pues son defensores de los derechos humanos en su propia casa.
Martell contó que el ministro Salgado nunca se acercó para iniciar un diálogo, más bien les interpusieron una demanda en el Ministerio Público, lo que claramente indica que no hay voluntad para resolver la crisis.
Esta semana, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) emitió una Alerta Temprana en la que recomienda a la Secretaría de Derechos Humanos abstenerse de realizar acciones de represalias o intimidatorias, en contra de las personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta, y evitar el monitoreo de sus acciones a través de agentes del orden.
La Institución Nacional de Derechos Humanos instó a la Secretaría de Derechos Humanos a realizar un diálogo serio con los funcionarios públicos de ese ente gubernamental, con el objetivo de escuchar y considerar sus exigencias sobre las condiciones laborales.
En varias ocasiones empleados de la SEDH denunciaron una serie de actos de intimidación por parte de la ministra Natalie Roque, después de que les llegara un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a las instalaciones para realizar “inspecciones”.
El conflicto entre los empleados y la ministra Roque parece no terminar. Ahora, los trabajadores rechazan una denuncia interpuesta en su contra, pues la consideran un acto de “intimidación y criminalización”.
