Tegucigalpa, Honduras. – Empleados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), protagonizaron la mañana de este jueves, una protesta frente a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, por demanda de pagos de conquistas laborales.
Los quejosos exigen que se haga efectivo el pago de 200 millones de lempiras que les corresponde por concepto de ajuste por el índice de precios al consumidor de 2023.
Te podría interesar: ENEE CONTRATARÁ MÁS DEUDA POR L. 6,200 MILLONES PARA PAGAR A GENERADORES DE ENERGÍA
Te podría interesar: Muere niña y quedan soterradas tres personas por derrumbe
“Estamos exigiendo que nos paguen el índice inflacionario del 2023, aprobado por la Junta Directiva del ENEE”, manifestó el presidente del sindicato Miguel Aguilar.
Se le hace un llamado a la ministra de Finanzas, para que procedan a pagar ese derecho, porque solo hay un 10 % de los empleados que lo han ganado, pero a través de demanda, agregó.
El paro es una acción progresiva y si no les atienden se movilizarán trabajadores a nivel nacional, para reclamar ese derecho aprobado.
En caso de que no se les reconozca algo que ya es un derecho aprobado, procederán con una demanda millonaria para el Estado, advirtió el presidente del sindicato, porque ya existe una resolución de la Junta Directiva.
ENEE
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, conocida como la ENEE, es un organismo autónomo responsable de la producción, transmisión, distribución y comercialización de Energía Eléctrica en Honduras. Fundada el 20 de febrero de 1957, bajo la administración de la Junta Militar de Honduras 1956-1957.
Las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) presentaron una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), por indicios de corrupción en la adjudicación del contrato en beneficio de la Empresa Energía Honduras (EEH) y en perjuicio de los intereses de la nación.
El equipo legal de la ENEE detectó varias irregularidades en el origen y el proceso de licitación del contrato, identificando fallas en la precalificación de las empresas, contraviniendo la Constitución de la República y la Ley de Contratación del Estado.