NACIONALES.- En un intento por evitar el escrutinio público, los interventores del Sistema Nacional de Emergencias 911 solicitaron al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) el blindaje o secretividad de toda la información relacionada con el alquiler de la flota de vehículos, incluyendo los carros blindados para su uso personal.
La solicitud de reserva de los vehículos blindados es parte de un paquete de información que los comisionados interventores del 911 han pretendido blindar para evitar el escrutinio ciudadano bajo el argumento que se trata de información sensible y de seguridad nacional que no puede estar disponible a la ciudadanía hondureña.
La información fue confirmada al departamento de prensa de Radio Cadena Voces por una fuente gubernamental de entero crédito que pidió mantener su nombre en el anonimato por no estar autorizada para referirse al tema y debido las represalias que podrían tomarse en su contra por las actuales autoridades que dirigen la institución.
La solicitud de reserva fue presentada al IAIP durante la gestión del expresidente de la interventora, Roberto Reina, quien recientemente fue sustituido por la ex subdirectora de Servicio Civil, Miroslava Cerpas.
No obstante, se conoció que la petición de secretividad se hizo al margen de la autorización del abogado Reina, pero que sí contó con el aval de los actuales interventores Gosset Moncada y Gerardo Antonio Hernández, quienes recientemente fueron denunciados por el oneroso alquiler de vehículos blindados para su uso personal.
Recientemente, Radio Cadena Voces sacó a la luz pública los contratos de arrendamiento de vehículos de alta gama para los comisionados Moncada y Hernández.
LEA: Los nuevos precios de los combustibles para esta semana
Según la información recabada, en el alquiler de carros blindados para el comisionado del 911 Gerardo Hernández se erogaron 362 mil 773 lempiras; mientras que el asignado a Gosset Moncada se pagaron 431,575 lempiras en un periodo de 50 días, en ambos casos la cifra redondea los 800 mil lempiras.
Mientras tanto, la nueva comisionada presidenta del 911, Miroslava Cerpas, al asumir su cargo se le asignó una Toyota Land Cruiser Prado Blindada, por la que el sistema 911 pagó la cantidad de 431,575 lempiras, según la factura número 000-002-01-00062171 a la que tuvo acceso Radio Cadena Voces.
Solo por estos tres vehículos blindados de los interventores, el Sistema Nacional de Emergencias ha erogado cerca de 1.3 millones de lempiras en un periodo de 50 días, lo que contradice la política de austeridad que pregonan las autoridades gubernamentales.
Al momento de hacerse pública esta primera denuncia, los interventores del 911 emitieron un comunicado en el que argumentaron que la asignación de vehículos a los Comisionados respondía a un estudio de seguridad realizado por la Unidad Especial de Análisis de Riesgos de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).
Genera mucha suspicacia que los interventores hayan solicitado la reserva de la información justamente antes que la información y las copias de los contratos de arrendamiento salieran a la luz pública.
Radio Cadena Voces conoció a través de un alto funcionario del IAIP que el expediente de reserva presentado por el 911 actualmente se encuentra en trámite, pero se prevé que en esta o la próxima semana será resuelto definitivamente por los comisionados Hermes Moncada, Vladímir Mendoza e Ivonne Ardón.
La ley de Acceso a la información Pública establece que las instituciones públicas o que manejan recursos del estado están obligadas a poner a disposición de la ciudadanía las contrataciones, concesiones, ventas, subastas de obras, convocatorias a concurso, licitación de obras públicas y suministros, los contratos de consultoría, las actas de apertura de ofertas y adjudicación, ampliaciones, prórrogas y declaratorias de compras directa, así como sus resultados.
En ese sentido, el artículo 17 dispone que solo podrá invocarse la clasificación y reserva de la información cuando el daño que puede producirse, es mayor que el interés público de conocer la misma o cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o perjudique: 1) La seguridad del Estado; 2) La vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, la ayuda humanitaria, los intereses jurídicamente tutelados a favor de la niñez y de otras personas o por la garantía de Hábeas Data; 3) El desarrollo de investigaciones reservadas en materia de actividades de prevención, investigación, o persecución de los delitos o de la impartición de justicia; 4) El interés protegido por la Constitución y las Leyes; 5) La conducción de las negociaciones y las relaciones internacionales; y, 6) La estabilidad económica, financiera o monetaria del país o la gobernabilidad.
A la luz de estos preceptos, expertos consultados por RCV indicaron que el caso que arguyen los comisionados interventores del 911 no procede porque es injustificable e incongruente que se pretenda reservar la información de los vehículos blindados utilizados por los funcionarios, ya que eso no implica una violación grave a la seguridad del Estado y no pone en riesgo la seguridad de los recurrentes.
Por otro lado, la ley contempla que para clasificar la información como reservada, con base en cualquiera de las causales enumeradas en el artículo anterior, el titular de cualquier órgano público, deberá elevar la petición por medio de la instancia de máxima jerarquía de la institución a la cual pertenezca, quien de considerarlo pertinente, emitirá el respectivo acuerdo de clasificación de la información, debidamente motivado y sustentado, situación que no se cumplió en vista que la solicitud de clasificación se elevó al IAIP por medio del ex subdirector del 911 de nombre Celeo Fernando Lanza.
Te Puede Interesar: ¡VERGÜENZA! En tres intentos no se logró elegir fiscales
El sistema de emergencias 911 ha caído en un franco deterioro e ineficiencia, luego que el gobierno determinó suspender el contrato para el manejo de cámaras y llamadas que la administración anterior suscribió con la sociedad mercantil Dinamyc Corporation S A de CV.
Los interventores tenían el mandato de presentar un informe en los primeros 90 días de la intervención en torno a las medidas adoptadas en la institución y la anulación del contrato, sin embargo, a la fecha no se ha rendido ninguna información sobre el proceso de intervención.
La situación en el 911 sigue siendo crítica en vista que desde que asumió el gobierno hace 19 meses no se ha podido restablecer plenamente el servicio de vigilancia a través de las 3,500 cámaras de seguridad instaladas en Tela, Choluteca, San Pedro Sula, Tegucigalpa y Santa Rosa de Copán.
Según informó recientemente el gerente de Hondutel, José Antonio Morales, en Tegucigalpa están funcionando y operativas alrededor de 900 cámaras y en San Pedro Sula una cantidad similar, pero están pendientes de habilitar las instaladas en el resto del país.
