Los bienes fueron asegurados en marzo de 2021 por suponerlos lavado de activos, en Cucuyagua, La Unión y Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.
NACIONALES.- El juez de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito resolvió la devolución de 157 bienes incautados a los titulares de derecho Javier Adaly López Alvarado, Mario Cruz Pérez Cuéllar, José María Rojas, Erika Leticia Gómez y otros, localizados en los municipios de Cucuyagua, La Unión y Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, asegurados en el 2021 en el operativo Caudillo.
Se trata de 25 bienes inmuebles, nueve sociedades mercantiles, 82 productos financieros, 23 vehículos automotores, 17 de equipo pesado, un lote de ganado, menaje de casa e inventario de mercadería.
Por lo anterior, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación en contra de la resolución emitida por un juez de Privación de Dominio que lo ordenó y que, al parecer del ente fiscal sin fundamento jurídico, a favor de personas que no tienen cómo probar el legal origen de más de tres mil millones de lempiras.
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A criterio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la decisión, primera en la historia de la aplicación del derecho en Honduras, desconoce los principios del proceso de extinción del dominio de bienes de origen ilícito, extendiendo los beneficios de la reforma del decreto 93-2021 en materia penal por lavado de activos, a la esfera de los procesos de privación.
De acuerdo al análisis de los fiscales, el juez se extralimitó en sus facultades y asumió atribuciones que solo tiene la Sala Constitucional de la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) al declarar inaplicables artículos y postulados de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, así como preceptos constitucionales y tratados internacionales en materia de criminalidad organizada.
Por tal sentido, además de la impugnación ya presentada, el Ministerio Público ha procedido a interponer formal denuncia contra el referido juez de Privación Dominio, tanto ante la Supervisión General del Poder Judicial como ante la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ).
Es de precisar que en este caso, se procesó judicialmente a los señores José María Rojas, Mario Cruz Pérez Cuéllar y Erika Leticia Gómez por suponerlos responsables de lavado de activos, pero en juicio quedaron absueltos.
Redacción: JT
