Violaciones a derechos humanos se evidencian en 193 denuncias por abusos de policías y militares en Honduras durante estado de excepción. Conadeh investiga.
NACIONALES.– En el marco del estado de excepción instaurado en el país desde diciembre del 2022, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha atendido un total de 193 denuncias contra miembros de los cuerpos policiales y militares, según informó la titular del ente estatal, Blanca Izaguirre.
Las denuncias recibidas por el Conadeh revelan una preocupante situación de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. De las denuncias registradas, alrededor de 111 quejas fueron interpuestas contra miembros de la Policía Nacional, en su mayoría agentes del orden público cuya dependencia, dirección o unidad no pudo ser identificada por los denunciantes.
Además, el Conadeh recibió 60 denuncias contra la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y otras 22 contra la Policía Militar del Orden Público. Estos abusos tuvieron lugar y quedaron registrados en 17 departamentos del país.
Entre los departamentos más afectados se encuentran Francisco Morazán, con 51 quejas atendidas, seguido de Cortés (24), Valle (19), Atlántida (16), El Paraíso (15), Choluteca (13), Yoro (9), Comayagua (8), Lempira (8), Santa Bárbara (7), Olancho (7), Copán (6), Intibucá (3), Gracias a Dios (2), Colón (1) e Islas de la Bahía (1).
Blanca Izaguirre, defensora de los derechos humanos, explicó que muchas de las denuncias se deben al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los miembros encargados de la seguridad y el orden en Honduras, especialmente durante los momentos de aprehensión y detención de personas.
⬇️ Blanca Izaguirre, titular de CONADEH indicó que algunas de las denuncias los ciudadanos alegan que los agentes uso desproporcionado de la fuerza al momento de detener a las personas pic.twitter.com/JU2SuwQxCX
— Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) June 15, 2023
Los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado justifican sus abusos argumentando que actúan de acuerdo con lo establecido en los decretos aprobados por el Gobierno. Sin embargo, esto genera una creciente preocupación en el Conadeh, ya que algunos denunciantes han reportado afectaciones a su integridad personal y aparentes intentos de obtener información mediante coerción.
Entre otras quejas presentadas, las personas también denuncian intimidación y amenazas durante allanamientos por parte de los miembros de los cuerpos de seguridad. Además, se ha reportado vigilancia constante por parte de agentes policiales, que permanecen afuera de las viviendas o propiedades de los denunciantes. Sumado a esto, se han registrado casos en los que los miembros del orden realizan disparos dentro o fuera de las viviendas o establecimientos para intimidar y atemorizar a la población.
Otro motivo de denuncia ante el Conadeh es la falta de claridad de las autoridades respecto a las razones de la detención de las personas. Además, se ha reportado la coerción para obtener información de los detenidos, así como la negación de acceso a familiares para poder visitar a los detenidos.
El gobierno hondureño decretó el Estado de excepción el 3 de diciembre de 2022, abarcando territorialmente 73 barrios y colonias en el municipio del Valle de Sula y 89 barrios y colonias en el municipio del Distrito Central. Desde entonces, el Conadeh ha llevado a cabo una estrategia de monitoreo que incluye visitas e inspecciones a centros de detención, entrevistas a personas detenidas y solicitudes de información.
Los hallazgos del Conadeh en relación al Estado de excepción revelan que aún no se han proporcionado suficientes razones argumentativas que demuestren la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de dicha medida. Asimismo, se han identificado graves falencias en el registro de información de las personas detenidas, ya que se ha detenido a 505 personas cuyo Documento Nacional de Identidad no fue consignado adecuadamente.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por la recurrencia a una excepcionalidad indeterminada en Honduras. Ante esta situación, es imperativo que se adopte una política integral que ofrezca soluciones duraderas y estructurales a la problemática de la violencia en el país.
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REDACCIÓN: AO