El exgerente de la ENEE, Jesús Mejía, está siendo acusado de violación a los deberes de los funcionarios con medidas sustitutivas, es por ello que se le dictó auto de formal procesamiento.
Nacionales. El juzgado de letras con competencia nacional en materia de corrupción en resolución de audiencia inicial se dictó auto de formal procesamiento contra Jesús Mejía, exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por violación a los deberes de los funcionarios.
De igual manera, durante esta audiencia inicial también dicto auto de formal procesamiento contra y a Mario Ricardo Cardona, exdirector del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE) por violación a los deberes de los funcionarios.
La resolución tuvo lugar después de que el juez considerara que existen pruebas para determinar la existencia del delito de violación de los deberes de los funcionarios, debido a que concurren todos los elementos de su tipificación legal contra los imputados.
Asimismo, durante la etapa de las conclusiones se había solicitado que a ambos imputados se mantienen las medidas distintas a la prisión, como ser la presentación periódica cada 15 días a este juzgado para firmar el libro de registro correspondiente y la prohibición de salir del país.
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En su resolución, el Juez de Letras en Materia de Corrupción dictó sobreseimiento definitivo para el Jefe de Almacén de la ENEE, Gerardo Antonio Rivera, acusado por malversación de caudales públicos.
En torno a esto, el juez explicó que su determinación jurídica con la carga probatoria propuesta por el ente acusador considera el suscrito que ha quedado probado que el hecho penal no ha existido.
El hecho penal en la presente causa indica que del almacén de la ENEE se retiraron los materiales que servirían para un proyecto de electrificación en la Comunidad de El Rodeo en Intibucá, trabajo de alumbrado que no se ejecutó, lo que habría causado un perjuicio para el Estado por más de 720 mil lempiras.
Cabe mencionar que, el exgerente de la ENEE también se le acusa de la presunta negligencia en la cancelación de un contrato que generó pérdidas de 720 millones de lempiras al Estado de Honduras.
REDACCIÓN: NICOLE VARELA