La UFERCO promovió el antejuicio contra la juez de letras de lo civil de Francisco Morazán, Irisabel Miranda, quien está implicada en embargos al Estado de Honduras.
Nacionales. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó un antejuicio en contra de la juez Irisabel Lucía Miranda Hernández, por suponerla responsable del delito de prevaricato judicial continuado en perjuicio de la administración de justicia.
El caso está relacionado con una resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) celebrada el 7 de septiembre de 2009 entre la empresa DRS Inc y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en la cual se condenó al Estado a pagar más de 51 millones de dólares, equivalente a más de mil millones de lempiras.
A dicha resolución, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le denegó su reconocimiento mediante una sentencia, considerando que era contraria al orden público y había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno.
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⬇️ @MP_Honduras comunica que la @UFERCO1 promueve antejuicio contra jueza implicada en embargos al Estado de Honduras. pic.twitter.com/ZZ6kC8ezQI
— Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) February 10, 2023
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Pese a ello, seis años después, en fecha 3 de diciembre de 2019, la jueza ante juiciada arbitrariamente reconoció y ordenó la ejecución de la resolución arbitral internacional que derivó en el embargo de las cuentas del Estado de Honduras y que hasta ahora ha dejado un perjuicio de 381 millones de lempiras en concepto de pago de demanda.
Además, la funcionaria judicial, bajo el argumento que el Estado de Honduras había actuado de forma dolosa al pago de la deuda, lo condenó por un monto adicional de 42 millones de lempiras por concepto de costas procesales, ya cancelados a la fecha.
Cabe señalar que, el reconocimiento irregular que la juez le dio a la referida resolución que se originó del arbitraje entre la empresa DRS Inc y el FHIS, es lo que ha dado lugar al recién embargo del que ha sido objeto el Estado de Honduras por parte de la empresa DRS Inc, esta vez, por un monto de 106 millones de dólares, equivalente a más de dos mil 600 millones de lempiras.
En ese contexto, la UFERCO, en el presente antejuicio promovido ante la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción, solicita se le autorice a proceder con el requerimiento fiscal en contra de la jueza señalada, a quien se le considera parte de un grupo de personas sujetas de investigación de distintas instituciones, entre ellas del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el FHIS y particulares.
REDACCIÓN: NICOLE VARELA
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