Debido a la inconstitucionalidad de la Ley Marco de Protección Social, el Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), suspendió las cotizaciones. No solo esta institución se ve perjudicada ante problemática, ya que pone en riesgo las finanzas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Nacionales. En una entrevista exclusiva para Radio Cadena Voces (RCV), el Presidente Ejecutivo del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), Daniel Durón explicó la problemática que enfrenta la institución ante la inconstitucionalidad de la Ley Marco de Protección Social.
“Este es un impacto fuerte para el RAP, ya que son casi dos mil millones de lempiras que deberían estar ya acreditados a nombre de los trabajadores de la institución, por ello que estamos en proceso de enviar al Congreso Nacional la propuesta para que la institución vuelva de manera rápida, a la recaptación de este 4% que significa un 48% anual de la reserva laboral”, añadió Durón.
Con respecto al afecto esta inconstitucionalidad al RAP, Durón detalló “dejo en el limbo la captación y la devolución se quedó realmente sin asidero jurídico, entonces el RAP lo que hizo fue tomar una decisión administrativa vía resolución de su consejo directivo para facultar a la institución a la devolución”.
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De igual manera, el Presidente del RAP informó sobre las medidas legales que la institución a buscado para no seguir afectada ante la inconstitucionalidad de esta ley, “hemos solicitado de manera respetuosa estos meses que el Congreso Nacional tome la decisión rápida de autorizar a las instituciones en el caso del RAP vía decreto privadas para que vuelva a captar ingresos de los trabajadores”.
“Es un beneficio para el trabajador, se llama auxilio de cesantía, reserva de cesantía o reserva laboral, que eso es urgente aprobarlo para que se le restituya al trabajador ese derecho adquirido, que una ley lo hizo que lo perdiera” indicó Durón.
SITUACIÓN DEL IHSS ANTE ESTA PROBLEMÁTICA
En torno al escenario del IHSS ante la inconstitucionalidad de la Ley Marco de Protección Social, Durón comentó “la administración aclaró que la institución va a seguir prestando el servicio y atendiendo los hijos de los trabajadores hasta 18 años, sobre el tema de impacto económico ellos pueden ratificar públicamente porque son decisiones internas que han tomado me bajo criterios y argumentaciones jurídicas para que la institución no tenga esos atrasos”.
“Sería un efecto gravísimo dejar de atender a los hijos de los trabajadores, inclusive si ya están en tratamiento o en condiciones de atención médica urgente”, detalló, Durón.
Por otra parte, Durón manifestó que “el seguro social siguió cobrando los 72 millones de lempiras mensuales y están en las arcas o en la contabilidad o en poder del régimen de prestación de servicios de salud ósea, que el seguro no se atrasó no tuvo ningún impacto esta inconstitucionalidad”.
REDACCIÓN: NICOLE VARELA
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