Según las autoridades, el dinero de los hospitales móviles se distribuyó a cuentas de seis exfuncionarios en los paises de Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes.
Tegucigalpa, Honduras. El Portavoz del Ministerio Público(MP), Yuri Mora, expresó que el Organismo Público sigue a la espera de la asistencia jurídica solicitada a otros países para presentar requerimiento fiscal contra los exfuncionarios que recibieron coimas por los hospitales móviles.
“Es importante aclarar que oficialmente el MP de cara a las investigaciones de los hospitales móviles, no ha dado ningún tipo de información con respecto a nombres de exfuncionarios o personas que hayan estado involucradas en esta estafa o que hayan recibido dinero de los hospitales móviles”, manifestó.
Asimismo, dio a conocer que se está esperando por parte de los fiscales todas las asistencias jurídicas internacionales, para posteriormente concluir con los requerimientos fiscales y mencionar quienes son las personas involucradas y porque se les acusa.
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HOSPITALES MÓVILES
Cabe mencionar que en los últimos días se dio a conocer que el dinero de los hospitales móviles que fueron adquiridos para contrarrestar la pandemia del COVID-19 en Honduras, habría sido depositado en seis cuentas de diferentes países, entre ellos Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes.
En una oscura transacción efectuada por el director de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, en marzo y abril de 2020 el gobierno transfirió a Axel López por la compra de los siete hospitales móviles más de 47 millones de dólares, unos 1,174 millones de lempiras, al cambio oficial de aquel momento.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, una vez que el dinero salió de la Secretaría de Finanzas y el Banco Central de Honduras (BCH), se depositó en una cuenta del Chase Bank de Orlando, Florida, y posteriormente se distribuyó a cuentas de los seis exfuncionarios.
La ruta del dinero de los hospitales ha sido una de las principales líneas de investigación de los fiscales del MP, para lo cual se solicitó asistencia judicial internacional a las autoridades judiciales de Estados Unidos, Turquía, Guatemala y Panamá a fin de detectar la forma de cómo y a quién se hicieron las transferencias de dinero.
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