La institución preservadora de derechos, mostró su preocupación por la situación actual que se visualiza en el sector carcelario femenino del país.
Tegucigalpa. La comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes (MNP- Conaprev), Glenda Ayala detalló que la institución presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la reforma del artículo número 41 del reglamento general del sistema penitenciario.
El decreto establece como único reclusorio asignado la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), a lo cual las autoridades se oponen alegando que afecta el derecho a la vida familiar de las mujeres recluidas, debido a que son trasladados de sus comunidades.
Ayala, destacó que la decisión de presentar el amparo jurídico responde al análisis de las condiciones en que se encuentran las féminas en el reclusorio, “en la actualidad la condición de hacinamiento es grave, las recluidas duermen 2 o 3 en una cama porque no hay espacio”.
De igual forma, evidenció que trasladar a las mujeres privadas de libertad a PNFAS no es la solución, debido las altas tasas de aglomeración existentes que no permitirán el cumplimiento de los fines de las penas.
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VIOLACIÓN DE DERECHOS
La representa pormenorizó que la decisión tomada representa una involución en materia de derechos humanos, “Es fundamental que el estado oriente las políticas penitenciarias con un enfoque inclusivo donde la mujer pueda cumplir su medida de seguridad o su pena cercano a su domicilio tal lo establecen las leyes de Bangkok y los tratados internacionales”.
Las Reglas de Bangkok parten de la premisa que varones y mujeres no deben recibir un “trato igual”, sino por el contrario, debe asegurarse un trato diferente, bajo leyes y políticas sensibles al género de las personas.
ACTUALIDAD
La población actual de damas privadas de libertad es de mil 207, las cuales se encuentran diseminadas a nivel nacional. La penitenciaria femenina PNFAS es una de las que cuentan con mayor población contemplando un promedio de 950 personas recluidas, es importante señalar que 400 de ellas no pertenecen a la sección de Francisco Morazán.
Por otra parte, la delegada lamentó el desarraigo familiar y la ruptura de vínculos que han sufrido las mujeres privadas de libertad, “con esta reforma se ha venido a centralizar el traslado de estas mujeres».
A criterio de Ayala, lo ideal sería adecuar espacios dignos para que las mujeres puedan cumplir las penas separadas de los hombres en los 16 centros penitenciarios disponibles a nivel nacional.
Estas divisiones irían orientadas a respetar los derechos de las féminas con relación a su arraigo familiar local.
La comisionada, sentenció que espera que el estado garantice los derechos reconocidos a nivel internacional.
Redacción: Victor Matamoros
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