La comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) Ivonne Ardón, informó que han realizado más de 230 audiencias de descargos a funcionarios públicos por el incumplimiento de la Ley de Transparencia en relación a las compras de emergencia por COVID-19.
«Estas audiencias tienen como fin conocer por parte de los titulares cuáles fueron las razones del por qué no cumplieron con la publicación de la información tal y como lo establece el artículo 4 y 13 de la Ley de Transparencia», manifestó Ardón.
Continúo diciendo que esto es el resultado luego que a través de la gerencia de verificación se constató que no habían cumplido con la publicación de la información correspondientes del 1 de marzo al 19 de abril.
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También, destacó que el 98% de los titulares comparecieron y eso refleja que hay un interés de ellos de saber cuáles fueron las debilidades que tuvieron durante el proceso.
Entre las principales faltas de los funcionarios indicó que predomina la publicación incompleta de información sin soporte de las acciones que se realizaron al momento de hacer cualquier tipo de compras.
La comisionada anunció que están a la espera que la unidad de servicios legales y la Secretaría General remitan al pleno los expedientes de cada caso y estos deberán ser estudiados por los tres comisionados para emitir una resolución.
Según la ley se pueden aplicar sanciones que van desde un salario mínimo hasta 50 salarios mínimos.
Asimismo, dijo que están a la espera del resultado de la segunda carga de información que corresponde del 19 de abril al 5 de junio a cada institución obligada.
«Cada semana las instituciones obligadas que están manejando fondos de emergencia deben estar actualizando su portal para que de esta manera los ciudadanos sepan qué se está comprando y distribuyendo», agregó.
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