El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) tildó de «alarmante» el problema de violencia que sufre la niñez hondureña que, en los últimos 52 meses dejó casi 950 muertes violentas de niñas y niños, por lo que alertó a las autoridades sobre proteger a los niños que se encuentran en esta difícil situación de vulnerabilidad.
«Es alarmante el elevado número de casos de niños y niñas víctimas de la violencia y un tipo de violencia extrema como es la pérdida de la vida» manifestó Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez y la Familia del Conadeh.
“Son datos alarmantes y tienen que llamarnos la atención de manera que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto”, apuntó.
Asimismo, resaltó la importancia de regresar la política pública sobre la niñez y adolescencia que se aprobó en 2013 y que actualmente no tiene presupuesto.
También recordó que existe un Consejo de Prevención de Violencia hacia la niñez y juventud (COPREV) que fue creado como un ente articulador para la implementación de la Política Nacional de Prevención de Violencia contra la niñez, desde hace poco más de una década.
Maradiaga lamentó que los niños, niñas y adolescentes están rodeados de ambientes muy violentos tanto en la familia como en la escuela y comunidad que deberian de ser espacios de protección, pero es donde se crea la violencia.
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Datos reveladores
Es muy importante resaltar el hecho de que las autoridades deben de actuar rápidamente para combatir este tema, porque no es posible que los niños y adolescentes sufran de violencia.
En ese sentido, señalo que las instituciones rectoras de los derechos de la niñez tienen un gran desafío para afrontar este problema y confiar en que las cosas mejoren con el fin de ayudar a los afectados, todo esto por medio de una estrategia multisectorial que prevenga la violencia.
Se estipula que, de las 950 muertes violentas registradas en los últimos 52 meses, los niños con edades que oscilan entre los 15 y los 18 años registran el 75 por ciento de los casos.
La mayoría de las personas afectadas, menores de 18 años, son víctimas de las armas de fuego y generalmente pierden la vida en la vía pública.
San Pedro Sula, en el departamento de Cortés y el Distrito Central, en Francisco Morazán, han sido la cede del mayor número de casos de muertes violentas de niños y niñas.