El funcionario judicial, identificado como Lenard Francisco Matamoros García, receptor II del Circuito Anticorrupción en Tegucigalpa, acusado de revelación de secretos, cohecho, juegos de azar no autorizados y lavado de activos.
En la operación, donde también se capturó a su madre, María Reina García Cruz, se realizaron en la colonia San José de la Pena y la Residencial Las Uvas de Comayagüela, donde se encontraron indicios relacionados con los delitos imputados. Además, se solicitó la citación de Dina Emérita Murcia García.
Durante los allanamientos, realizados por orden del Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, se aseguró e incautó un bien inmueble en Residencial Las Uvas, que pertenecía al abogado Gabriel Eduardo Chacón Larios (fallecido).
Te puede interesar : Nombran juez natural que concederá extradición de Francisco Roberto Cosenza, pedido por EUA
Tambien puedes ver : Odir Fernández asume rectoría universitaria comprometido a impulsar la inclusión en la educación superior
La escritura pública de compraventa
La escritura pública de compraventa de esta propiedad fue alterada por un pariente del notario autorizante y luego vendida a la madre del funcionario judicial mencionado por menos del 20% de su valor comercial.
Las investigaciones de este caso se iniciaron en 2019, cuando la extinta MACCIH-UFECIC (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras-Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción) identificó que desde el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional en Materia de Corrupción se facilitaba información a los investigados, afectando el éxito de las diligencias judiciales y las capturas de los imputados. En al menos dos ocasiones, se detectó la entrega de dinero a cambio de información privilegiada.
El análisis financiero reveló un aumento significativo en los ingresos de Matamoros García cuando inició sus labores en el circuito anticorrupción. Durante ese período, se realizaron al menos 165 depósitos en efectivo a través de cajeros automáticos, sumando un total de L2,063,800.00.
Uno de los modus operandi identificados
Uno de los modus operandi identificados fue el uso de depósitos en efectivo a través de cajeros automáticos, así como la administración y explotación de juegos de azar no autorizados. Estas actividades, que inicialmente operaban desde la vivienda del acusado, continuaron durante la pandemia de covid-19 a través de aplicaciones como WhatsApp y PÓKER, organizando partidas de juego y operando como un casino clandestino.
Se identificaron alrededor de 213 jugadores que realizaban sus apuestas a través de transferencias bancarias a la cuenta personal del funcionario judicial, sumando aproximadamente dos millones de lempiras.