NACIONALES.- Agentes de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Fronterizos llevan a cabo este miércoles operaciones en las fronteras terrestres de Honduras con el propósito de evitar la salida de exfuncionarios que tienen órdenes de arresto por varios delitos, según informó Miguel Martínez Madrid, portavoz de la Policía Nacional.
Martínez explicó en una emisión radial nacional que, desde las 2:00 am de la mañana de hoy, han estado realizando patrullajes e inspecciones en puntos ciegos y sectores de paso ilegal en las fronteras.
El aseguramiento de los puntos fronterizos se lleva a cabo simultáneamente con allanamientos que comenzaron el martes 28 de noviembre a nivel nacional, como parte de las acciones de búsqueda, localización y captura de «personas de interés», indicó Martínez.
Además, la Policía hondureña ha utilizado el recurso de agregadurías policiales en Centroamérica con el objetivo de intercambiar información sobre las órdenes de arresto y recibir asistencia en materia operativa policial, sostuvo el portavoz.
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En la lista de los exfunsionarios que son buscados por las autoridades hondureñas se encuentra el exdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), David Chávez.
Las acusaciones contra David Chávez
El presidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN) enfrenta acusaciones por parte del Ministerio Público por delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Martínez dijo que Chávez podría intentar salir de Honduras después de abandonar el Aeropuerto Internacional de Palmerola el martes, donde personal del Instituto Nacional de Migración (INM) lo requirió por portar dos pasaportes, uno corriente y otro oficial.
La orden de captura contra Chávez, según el Ministerio Público, surge de una denuncia realizada en su contra por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en 2016. Esta denuncia está relacionada con la adquisición de un software y adiestramiento automotriz para el Infop de Catacamas, Olancho.
El CNA informó que la compra del equipo representó un perjuicio económico de más de 21 millones de lempiras.
