Gobierno de Maduro es acusado por la ONU debido a violaciones graves de DDHH

La Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha acusado de violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de Nicolas Maduro.

De esta manera, los integrantes de la Misión señalan que el Estado venezolano debe exigir cuentas a las personas responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas e impedir que se produzcan nuevos actos

Estos detalles fueron publicados este miércoles por la Misión, que ha investigado algunos actos de violación de los derechos humanos cometidos desde 2014 , en un informe de 223 casos indignados.

Cabe mencionar que los expertos no pudieron trasladarse a Venezuela sin embargo, pudieron conseguir 274 entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional y también analizaron una serie de documentos confidenciales.

La ONU ha destacado cuatro tipo de casos en contra ciudadanos venezolanos:

Posibles crímenes de lesa humanidad

El estudio identifica “patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado” y añade que “parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad”.

Los responsables del análisis indicaron que las autoridades estatales de alto rango “tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones”.

Además señala que tanto el presidente Nicolás Maduro como los ministros de Interior y Defensa estaban al tanto y que “dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Añadió que “lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.

Ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas de seguridad

La Misión investigó dieciséis casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que finalizaron con 53 ejecuciones extrajudiciales y también indagó 2552 incidentes en los que se produjeron más de 5000 muertes por parte de las fuerzas de seguridad.

El informe responsabiliza a dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – del 59% de las muertes perpetradas en el período analizado y dice que también cometieron las ejecuciones extrajudiciales documentadas.

Los expertos desatacan que “las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas”.

Detención y tortura por motivos políticos

El estudio de la participación de los servicios de inteligencia estatales concluye que el objetivo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) era identificar “a la disidencia política y a activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al gobierno”, mientras que el objetivo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) era el personal militar y los civiles asociados  presuntamente implicados en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los detenidos solían estar fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales y en algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso, apunta el informe

Francisco Cox, uno de los tres miembros de la Misión, explicó que las detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas contra la población civil formaban parte de una estrategia para silenciar a la oposición.

Cox añadió que “los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados”.

El poder judicial, en tela de juicio

Por último, el estudio también cuestiona la intervención del poder judicial venezolano que no logró controlar a otros agentes estatales y señala la necesidad de continuar investigando “hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial”.

“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido,” dijo Valiñas.







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