Tegucigalpa.- En una reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este jueves los resultados del “Monitoreo ciudadano al acuerdo suscrito entre el gobierno de Honduras y el Fondo Monetario Internacional 2023-2026”, al tiempo que expresó su preocupación sobre el proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2025.
En el encuentro participaron: Christian Henn, representante residente del FMI; Ricardo Llaudes, jefe de misión técnica del FMI; Mauricio Díaz, coordinador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y Mauricio Acevedo del Fosdeh. Por ASJ acudieron: Carlos Hernández, director ejecutivo; Liliam Rivera, directora de Gobernanza Económica; Kevin Rodríguez, especialista en Energía, e Ismael Zepeda, investigador.
ASJ enfatizó ante los personeros del organismo internacional la importancia de cumplir con las metas establecidas para lograr estabilidad macroeconómica y fiscal, a fin de crear espacio para inversión productiva y gasto social, así como los desafíos en la ejecución del presupuesto nacional y especialmente en el sector energético.
Además, el capítulo hondureño de Transparencia Internacional señaló la necesidad de abordar los ingresos y egresos del Estado en apego al rigor técnico e hizo un llamado al diálogo y la colaboración conjunta en favor de los hondureños.
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De acuerdo con la evaluación independiente realizada por la ASJ, el cumplimiento del gasto primario corriente ha sido insatisfactorio, generando inquietudes sobre la sostenibilidad fiscal del país. Para el cumplimiento de las metas a junio de 2024, se han establecido dos objetivos cruciales relacionados con la creación de un sistema de información social y la preparación de un proyecto de Ley Especial para el Fortalecimiento de la Cuenta Única del Tesoro y someterla a la aprobación del Congreso Nacional en consulta con el FMI, los cuales aún no se han cumplido, según fuente oficiales consultadas.
El monitoreo de ASJ ofrece recomendaciones de la sociedad civil para mejorar la gobernanza, la transparencia y combatir la corrupción, mejorar la calidad de los servicios esenciales como salud y educación, destacando la necesidad de asegurar el abastecimiento de medicamentos, la compra y entrega de textos escolares. La falta de cumplimiento en estas áreas críticas podría afectar negativamente el bienestar de la población y la percepción de la efectividad del gobierno.
