Tras tres procesos licitatorios fracasados, la construcción de la cárcel de Máxima Seguridad en la Isla del Cisne quedó totalmente descartada y en su lugar se prevé la instalación de un destacamento militar de las Fuerzas Armadas de Honduras para control y vigilancia en el Caribe, confirmó a RCV una altísima fuente de la Secretaría de Defensa.
El proceso de licitación, que estaba a cargo del Instituto Nacional Penitenciario, se realizó en tres ocasiones diferentes y en cada uno de ellos fracasó porque las empresas participantes no reunieron los requisitos establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
La fuente indicó que hubo fuertes presiones desde el Poder Ejecutivo para que el contrato de construcción se adjudicara a una sociedad vinculada un alto exfuncionario de la actual administración.
El anuncio de la construcción de una cárcel para 2.000 privados de libertad de «alta peligrosidad» en las Islas del Cisne, un parque nacional marino situado a 250 kilómetros de tierra firme, lo hizo a finales de 2023 la presidenta Castro.
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— Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) September 30, 2024
También anunció otra cárcel, para 20.000 personas, entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, el segundo al este, en el Caribe, limítrofes con Nicaragua, como parte de un plan para reducir la violencia y el crimen organizado en el país centroamericano.
La prisión en las Islas del Cisne tendrá un coste de 2.000 millones de lempiras (80 millones de dólares, unos 72 millones de euros) y debería estar terminada en un año, según las proyecciones oficiales.
Desde que Castro anunció la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne, biólogos, ambientalistas, defensores de Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), entre otros sectores, se han pronunciado en contra por el «grave daño ambiental» que se le causará al parque marino.
También se ha manifestado en contra de las dos prisiones anunciadas por la mandataria hondureña la representante de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Isabel Albaladejo, quien a inicios de julio dijo que «podrían agravar los problemas de gobernabilidad y los riesgos de violaciones de Derechos Humanos
RCV consultó al coronel Ramiro Fernando Muñoz, director de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y titular de la Comisión Interventora del Sistema Nacional Penitenciario, pero no quiso referirse por no estar autorizado a referirse y recomendó consultar a autoridades de la Secretaría de Defensa.
