Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), ha presentado un requerimiento fiscal contra los exmagistrados Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, quienes integraron la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el periodo 2016-2023.
Estos exmagistrados, en quienes se les confió la justicia del país, son acusados por el delito de prevaricato judicial, al haber emitido una sentencia contraria a la ley en marzo de 2022, con el propósito de beneficiar a instituciones bancarias demandadas por una empresa de capital privado en una cuantía de ciento cincuenta y nueve millones, ochocientos diez mil setenta y un dólares con treinta y nueve centavos ($159,810,071.30).
🚨 ATENCIÓN 🚨 | Existen tres requerimientos fiscales contra Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado, exmagistrados de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (#CSJ), confirmó el portavoz del MP, Yuri Mora.
Los exmagistrados… pic.twitter.com/Ky5cJz0WAC
— Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) September 9, 2024
La acusación se basa en una serie de irregularidades que comenzaron en febrero de 2016, cuando el Pleno de la CSJ ordenó que el expediente de la demanda, que contenía recursos de casación, fuera devuelto a la nueva Sala de lo Civil, luego que la Sala anterior (2009-2016) lo remitiera al Pleno por no haber alcanzado una resolución unánime. Este proceder es considerado antijurídico, ya que que cuando un expediente llega al Pleno tras no haber sido resuelto por unanimidad en la Sala, no puede ser devuelto, dado que el Pleno actúa como instancia definitiva.
Según las investigaciones, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el Pleno para que los recursos de casación fueran conocidos y resueltos por la Sala que él integraba, demostrando un interés particular en el caso. Consumado el propósito, el 22 de marzo de 2022, junto a los magistrados Méndez Romero y Alvarado Moreno, materializaron la ilegalidad al emitir una sentencia unánime que absolvió a las instituciones bancarias demandadas, vulnerando la imparcialidad y confianza en el sistema judicial.
