Tegucigalpa.- La Red por la Defensa de la Democracia (RDD), una coalición de 17 organizaciones de sociedad civil, iglesias, academia, sector privado, movimientos de mujeres y jóvenes, entre otros, manifiesta su profunda preocupación ante los recientes acontecimientos y posturas adoptadas por el Poder Ejecutivo en relación con la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.
La RDD se denomina como un espacio de articulación ciudadana no partidario, que promueve los valores democráticos y el respeto al Estado de derecho, es por eso que exhortan a la presidenta de la República, Iris Xiomara Castro de Zelaya, a tomar varias medidas.
«Atender el clamor de justicia de los más de 10 millones de hondureños que conforman nuestra nación y
honrar el voto de confianza que miles de ciudadanos depositaron en usted en las elecciones de noviembre de
2021, en busca de un verdadero cambio para el país. Como presidenta de todos los hondureños, esperamos
que todas las decisiones que impactan el futuro de Honduras se tomen en función de los intereses de la nación,
dejando de lado cualquier militancia política y afinidad personal» expresó la RDD.
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En segundo lugar, la RDD pide «revertir la denuncia del Tratado de Extradición, un instrumento que ha permitido llevar ante la justicia de Estados Unidos a varios narcotraficantes hondureños y ha debilitado las estructuras criminales que han mantenido de rodillas a nuestra población. El anuncio de la denuncia del tratado ha generado un rechazo masivo entre la ciudadanía, que lo percibe como un retroceso a tiempos oscuros y una incoherencia con la promesa de campaña de combatir la delincuencia y el crimen».
Asimismo, solicitan definir el rol de la actual secretaria de Defensa y precandidata presidencial, Rixi Moncada, ante el evidente conflicto de interés que representa su influencia sobre las Fuerzas Armadas de cara al próximo proceso electoral. Para garantizar la integridad de las elecciones primarias y generales, así como la confianza del pueblo en el proceso, es necesario eliminar esta dualidad de funciones.
Por otra parte piden a la presidenta ordenar una investigación independiente para dilucidar la implicación de funcionarios y exfuncionarios -de cualquier partido político- en delitos de narcotráfico y su vinculación con grupos criminales, de manera que se allane el camino a la justicia, que cualquier acto ilegal que desde el poder haya sido cometido no quede en la impunidad y, especialmente, que la ley sea aplicada con imparcialidad. La igualdad ante la Ley es un pilar fundamental de la democracia.
Finalmente, le exigen a la mandataria asegurar la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), un anhelo de todos los hondureños para combatir de forma eficaz el flagelo de la corrupción que por décadas ha hecho daño al país. Esta promesa de campaña emitió una luz de esperanza que Honduras no puede darse el lujo de apagar.
La RDD también hace un enérgico llamado a los diputados del Congreso Nacional para que asuman plenamente su rol como representantes del pueblo hondureño en la defensa del Estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia.
«Es esencial que los legisladores trabajen de manera conjunta y decidida para asegurar que las decisiones y acciones gubernamentales se alineen con los principios de transparencia, justicia y rendición de cuentas. Los diputados tienen la responsabilidad de garantizar que el poder se ejerza de manera justa y de promover reformas que fortalezcan la institucionalidad y el sistema democrático del país».
