Tegucigalpa.- Este día mediante un pronunciamiento la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH) expresó su más firme y profunda preocupación ante los recientes acontecimientos que «están erosionando aceleradamente la estructura democrática del país».
La REDH expresó que los hondureños nos en un momento crítico en el cual, la convergencia de decisiones y acciones cuestionables por parte de las autoridades, amenaza con llevar a Honduras de nuevo a una crisis de gobernabilidad de efectos impredecibles para el país.
«Estos eventos, no solo ponen en peligro la integridad del proceso electoral de 2025, sino que también socavan los cimientos del Estado de derecho que el país necesita fortalecer» apuntó la REDH.
Asimismo, lamentan que muchos lideres políticos vean la situación actual como un «juego», un pulso de poder, olvidando las consecuencias que estas acciones y decisiones de los actuales gobernantes tendrán en la vida de casi 10 millones de hondureños.
Uno de los problemas sociales que expone la REDH es «la inquietante concentración de poder de la precandidata oficial Rixi Moncada» asegurando que su nombramiento como secretaria de Estado en el Despacho de Defensa, mientras mantiene su precandidatura presidencial, «distorsionan los principios de equidad democrática por los intereses partidistas».
Recuerdan que en cualquier democracia funcional, la separación de poderes y la independencia de las instituciones, son fundamentales para garantizar elecciones justas y transparentes.
«Este hecho constituye un conflicto de interés flagrante que genera desconfianza y dudas sobre la imparcialidad que debe caracterizar el desempeño de las Fuerzas Armadas, y, sobre todo, empaña desde ya el proceso electoral, tanto primario como general. La concentración de poder en manos de la aspirante presidencial Rixi Moncada, no solo compromete la neutralidad militar, sino que también envía un mensaje peligroso sobre la manipulación de las instituciones para favorecer proyectos políticos, en un contexto en el cual la democracia hondureña ya enfrenta múltiples desafíos, y someterá este tema a un debate permanente, creando innecesariamente, un ambiente de crispación y desconfianza» señala la REDH.
Otro de los problemas que expone la Red por la Equidad Democrática en Honduras en su pronunciamiento es el «Narcotráfico y denuncia del tratado de Extradición: un golpe a la credibilidad del Estado» el cual se deriva del escándalo que involucra a Carlos Zelaya, quien admitió públicamente su relación con capos del narcotráfico en el marco de la campaña presidencial de 2013, «revela la magnitud de los vínculos del poder, los partidos políticos y el crimen organizado».
Según la REDH, este reconocimiento, sumado al incumplimiento de instalar la CICIH, y la última y controvertida decisión del Gobierno de denunciar el tratado de Extradición con Estados Unidos, conforma «un cuadro alarmante que favorece la impunidad y complicidad estatal con el crimen organizado».
A criterio de la Red por la Equidad Democrática en Honduras, la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos «se percibe y entiende como una estrategia para proteger a figuras influyentes vinculadas al narcotráfico, incluyendo a miembros de la familia presidencial que han sido señalados recientemente». Este acto no solo aísla a Honduras en la lucha internacional contra el crimen organizado, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y las instituciones democráticas y manda un inequívoco mensaje de colusión entre el poder y el crimen.
Finalmente, la REDH hace un llamado urgente a todas las fuerzas políticas, sociales y comunitarias, a unir esfuerzos para defender los valores democráticos que son el fundamento de nuestra nación. Es imperativo que se implementen mecanismos de control y rendición de cuentas, y que se fortalezcan las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral y el respeto a la ley.
A la comunidad internacional para que mantenga su atención sobre la situación en Honduras y brinde su apoyo en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Honduras.
