Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en audiencia de procedimiento abreviado obtuvo sentencia condenatoria en contra de Miguel Ángel Castro Ramírez, responsable a título de autor directo de tres delitos de uso de documentos falsos continuado. El ciudadano fue condenado a 4 años 6 meses de prisión.
De acuerdo a las investigaciones de fiscales del Circuito Anticorrupción, el ahora condenado firmó un contrato con el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), para ejecutar obras complementarias en tres escuelas ubicadas en el municipio de San José de Colinas, Santa Bárbara, sin embargo, las mismas no fueron ejecutadas de acuerdo a las cantidades de obra y precios unitarios del desglose de oferta y de conformidad a las especificaciones técnicas establecidas en el documento base de licitación privada.
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Posterior a la supuesta conclusión del proyecto, un equipo de IDECOAS realizó visitas de campo donde detectaron una serie de deficiencias por el no cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas y establecidas en las bases de licitación, no solamente en la calidad, sino en la cantidad y las medidas recepcionadas de acuerdo a las estimaciones presentadas por el contratista Miguel Ángel Castro Ramírez y autorizadas por el supervisor Josué Alexander Pagoaga Salvador y las actas de recepción final.
Pese al incumplimiento de lo acordado en el contrato, los documentos finales donde acreditaban que la obra fue realizada satisfactoriamente fueron emitidos, firmados y presentados por Pagoaga Salvador ante IDECOAS. Es así que Castro Ramírez a sabiendas de que eran falsos, actuó con absoluta voluntad y fueron el instrumento utilizado por el contratista para ejecutar a su favor los cobros pactados por la ejecución del proyecto.
Por esta misma causa, fiscales de FETCOPP presentaron requerimiento a Josué Alexander Pagoaga Salvador, a quien se supone responsable a título de autor directo de tres delitos de falsificación de documentos públicos en concurso real en perjuicio de la fe pública del Estado de Honduras.
