INTERNACIONALES.- Pese a las sonrisas, Rosario Murillo, a la derecha, dio un golpe de mano a Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, a la izquierda, al despojarla de su cargo por la vía policial.
El Poder Judicial de Nicaragua se encuentra acéfalo después que un operativo policial se hizo con el control de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al desalojar de su oficina a su presidenta, Alba Luz Ramos, a la magistrada Yadira Centeno González, y destituir y, en algunos casos, apresar, a funcionaros claves de ese poder del Estado.
El régimen de Daniel Ortega ha guardado silencio oficial sobre esta intervención policial que comenzó el 21 de octubre y este martes el primer titular de El 19 Digital, su principal medio de comunicación oficioso, era un saludo al 69 aniversario de la revolución de Argelia, y ninguna mención a lo que ocurre en el sistema judicial.
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Un comunicado interno que circuló este martes en la Corte Suprema de Justicia para ordenar dos días de asueto menciona como “presidente en funciones” al magistrado Marvin Aguilar, actual vicepresidente de ese poder del Estado.
Varias patrullas entraron a los edificios de esa institución y en días distintos.
Según se ha conocido por personas cercanas a la Corte, varias patrullas entraron a los edificios de esa institución y, en días distintos, sacaron de sus oficinas a las magistradas Ramos y Centeno, quienes fueron enviadas a sus casas. La magistrada Centeno regresó poco después a su oficina, pero la presidenta de la Corte, Alba Luz Ramos, se mantiene en su vivienda bajo vigilancia de patrullas de la Policía, relataron las fuentes.
El operativo policial está encabezado por el comisionado general en retiro Horacio Rocha, un oscuro personaje dado de baja de la policía en 2014 y que Ortega reinstaló en diciembre de 2022 como “ministro asesor de la Presidencia de la República, para asuntos de seguridad”, y que, a criterio de muchos, funciona como jefe policial de facto.
Varios directores de la Institución, particularmente los del área de Informática se eliminaron.
El avance de Rosario Murillo en el control de todos los poderes del Estado estaría tras la purga que se ha vivido. Desde octubre del año pasado cuando se llevó a la cárcel a dos poderosos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia: el vocero, Roberto Larios Meléndez, y a la magistrada Iliana Pérez López.
La magistrada Pérez, expuso su renuncia, luego la llevaron a la cárcel El Chipote, mientras Larios lo condenaron por “traición a la patria”, y desterrado a Estados Unidos en febrero pasado.
Según una fuente cercana a la Corte, Murillo está asumiendo el manejo del Poder
Judicial como ya lo hace con otra dependencias y ministerios, “tal es el caso de Ministerio de Relaciones Exteriores donde ella redacta y aprueba las notas oficiales y hasta los discursos del canciller Denis Moncada”.
“Rosario Murillo busca tener el control absoluto del país, para asegurar la sucesión en el poder y evitar una crisis ante una eventual muerte de Daniel Ortega, quien en unos días cumplirá 78 años”, dice una fuente que pide no revelar su nombre.
La intervención policial se produce, extraoficialmente, bajo acusaciones de corrupción en el manejo que hace la Corte del Registro Público de la Propiedad.
Este martes La asamblea nacional de Nicaragua parlamentó despojó a la Corte Suprema de Justicia, de la supervisión y manejó de los registros públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil y trasladó estas funciones a la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una reforma al artículo 165 de la Constitución Política que, en teoría, debería entrar en vigor cuando sea ratificado en una segunda legislatura.
