Con los pactos de impunidad derogados el pasado miércoles, se estima que se beneficiaron más de 50 personas enjuiciadas por casos de corrupción.
NACIONALES.– Al menos 50 personas enjuiciadas por casos de lavado de activos y corrupción en perjuicio de la Administración pública fueron beneficiadas durante la vigencia de los decretos conocidos popularmente como «pacto de impunidad».
Estos decretos fueron derogados la noche del miércoles, 12 de julio en el Congreso Nacional y una vez publicados en, los otros casos de alto impacto en proceso en los tribunales ya no podrán ser favorecidos, advierten expertos.
Los «pactos de impunidad» fueron aprobados en el Congreso Nacional durante la administración anterior y permitieron la suspensión de la persecución penal para más de medio centenar de personas acusadas de delitos de corrupción.
El Legislativo derogó el decreto 57-2020, que obligaba al Ministerio Público a pedir autorización para secuestrar documentación de personas relacionada con casos de corrupción, y el 93-2021, que incluía varias reformas al Código Penal y a la Ley de Lavado de Activos.
Sin embargo, analistas piden que también se derogue el 116-2019, conocido como «fondo departamental», el cual protege a diputados y funcionarios de ser acusados por mal manejo de fondos públicos.
«Uno es aquello que tiene que ver con el fondo departamental, en primer lugar. Otro tiene que ver con el análisis del artículo 4-A de la llamada ley de amnistía, que es fundamental que también se toque, y luego también otras normas que son necesarias, como la Ley de Colaboración Eficaz, que son fundamentales para la lucha contra la corrupción en el país», manifestó el defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía.
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También queda pendiente el decreto 4-2022, relacionado con la amnistía política aprobada por la actual administración. Este decreto, denominado «Ley para la reconstrucción del estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan», absuelve de delitos penales a exfuncionarios del Gobierno de Manuel «Mel» Zelaya (2006-2009) por presunta persecución política.
«Esto sospechamos de que obedece a la visita de la misión de la ONU para la instalación de la CICIH porque lógicamente esto constituye un obstáculo en la investigación criminal y también en los requerimientos fiscales que se pueden producir a futuro», explicó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
La presencia en el país de una misión exploratoria de la ONU, cuyo objetivo es revisar las condiciones para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), no parece inmutar a quienes deben proceder a presentar peticiones para derogar mecanismos que avalan la corrupción y devolver al Ministerio Público la acción penal pública sobre pactos de impunidad, cuya investigación fue delegada al Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
«La reforma no puede ser aplicada retroactivamente, ya que todos conocemos que la ley solo tiene efecto retroactivo cuando favorece al imputado y en materia penal. En este caso, las personas que puedan tener algún tipo de investigación concerniente al delito de lavado de activos, con la ley anterior se va a aplicar el lavado de activos que está antes de esta reforma que acaba de hacer el Congreso Nacional», expuso el abogado penalista Marlon Duarte.
Un análisis técnico elaborado por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) establece que los decretos denominados «pactos de impunidad» tienen como objetivo evitar que se investiguen, juzguen y sancionen los delitos cometidos por funcionarios públicos, pero también por las élites corruptas en el país.
La llegada a Honduras de una CICIH, con el apoyo de la ONU, es una de las promesas de campaña de la presidenta Xiomara Castro.
Castro indicó este miércoles en Twitter que ha informado a la misión de expertos de la ONU que el convenio para la instalación de la CICIH debe estar listo y firmado en los próximos meses.
El país ya contó con una Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).
REDACCIÓN: ÁNGELES OCHOA
