La decisión de construir una penitenciaría en la Isla del Cisne ha sido un tema de debate, por lo que expertos del ICF y Serna acompañarán estudio de su impacto ambiental.
NACIONALES.- El Instituto de Conservación Forestal (ICF) en colaboración con la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) estarán acompañando el estudio de impacto ambiental para la construcción de la cárcel en Islas del Cisne, asegurando que no ponga en peligro los ecosistemas existentes.
El Parque Nacional Marino Islas del Cisne es un área protegida que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) y tiene un área total de 48,546 hectáreas. Y ante la ingobernabilidad carcelaria, se ha tomado la decisión de construir una nueva granja penal en dicha zona.
Para ello, se creará un equipo multidisciplinario y se utilizarán tecnologías y medidas para llevar a cabo el estudio. Sumado a ello, se realizará un monitoreo constante para garantizar la mitigación de los impactos. También informaron que las acciones de control y seguimiento serán constantes, por la vía aérea y terrestre y un monitoreo de las medidas de mitigación.
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«Se elaborará un estudio de impacto ambiental previo a desarrollar el proyecto. Hay que volver los ojos a las Islas del Cisne», dijo Luis Edgardo Soliz, director del ICF.
Además de contar con los permisos y estudios técnicos necesarios para determinar la viabilidad del proyecto, se incluirán las opiniones de los colegios de biólogos y expertos forestales.
Luis Soliz, dijo que esta era una oportunidad para tomar posesión del recurso ambiental con fines de conservación y manejo.
Cabe destacar que, según las autoridades, esta iniciativa podría ser clasificada como categoría 3 o 4 antes de cualquier intervención.
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Por otra parte, en los archivos de las diferentes dependencias que maneja el ICF aseguran que no se encuentra documentada ninguna solicitud y/o estudio para la construcción de un centro penal en el área protegida de Islas del Cisne, en gobiernos anteriores.
«Las acciones desarrolladas por ICF en las Islas del Cisne, desde 2014, corresponden únicamente a procesos para asegurar el área protegida como un patrimonio del Estado», dice el comunicado.
Además de acciones de coordinación interinstitucional para atención a la pesca ilegal, sin tener continuidad ni resultados.
