Acusan a exdiputados por red de corrupción en el Congreso Nacional

Los directivos de las oenegés captaban el dinero de los proyectos y lo regresaban a los exdiputados del Congreso Nacional mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias.

 

Tegucigalpa, Honduras. La Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó un nuevo requerimiento fiscal en el que acusa a varios exdiputados del Congreso Nacional (CN), por el supuesto drenaje de 18.9 millones de lempiras a través de organizaciones no gubernamentales.

En la acusación penal se incluye al actual diputado Alberto Chedrani Castañeda (actual parlamentario), los exdiputados José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas (alcalde de Nueva Arcadia, Copán) y Rodimiro Mejía Merino (exparlamentarios), a quienes conforme a las investigaciones efectuadas en el periodo comprendido entre los años 2013-2017 se les vincula a operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Congreso Nacional en colusión con las ONG’S Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE) e Impulso Solidario (OIMSO).

Asimismo, están involucrados Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Ramón Eduardo Núñez Rodas (presidenta y contador de OLICODE), José Wilfredo Flamenco Ramírez y Marvin Alexis Sabillón Rivera (presidente y contador de OIMSO), Mirna Lizeth Ham Guzmán, José Jorge Cásula Laínez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Nahun Orlando Osorto Guevara y David Abner Flores Montoya (estos últimos encargados de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre).

Según la Uferco, ellos eran empleados públicos y ostentaban cargos en áreas claves en la gestión de recursos públicos como el Fondo de Desarrollo Departamental del Congreso Nacional y en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social.

 

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Acusan a exdiputados por red de corrupción en el Congreso Nacional. RCV

 

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OENEGÉS

En lo que respecta, se dio a conocer que mediante las sociedades antes mencionadas desarrollaron 46 proyectos de microempresas y generación de empleos en Francisco Morazán, Cortés y Copán, donde solo se habría ejecutado un cinco por ciento de los proyectos.

Al no utilizar la totalidad de los fondos, los sindicados habrían desviado a sus cuentas personales más de 18 millones de lempiras, donde todo apunta que el dinero se habría utilizado para gastos personales y campañas políticas.

En ese sentido, los directivos de las oenegés captaban el dinero de los proyectos y lo regresaban a los parlamentarios mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias.

Hasta el momento, las imputaciones contra Chedrani Castañeda y León Rojas son por fraude y lavado de activos y en el caso de Ramos Soto, Díaz Aceituno y Mejía Merino por fraude.

 

 REDACCIÓN: YORLENI RUBIO.

 

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