El exmandatario sobornó con ganancias provenientes de las drogas de los traficantes a los políticos para seguir en el poder, según el Departamento de Justicia.
Washington. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE. UU.), acusó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022) de operar su país como un «narcoestado» , además, de recibir del narcotraficante «El Chapo Guzmán» para ganar procesos electorales en las dos elecciones a las que concurrió y ganó.
En ese sentido, según el informe presentado, las elecciones de 2013 y 2017, afirma que Hernández dirigió a los miembros de esta conspiración para sobornar a políticos y funcionarios electorales con drogas, procede a asegurar que Hernández ganara la presidencia.
Además de Joaquín Guzmán Loera y Geovanny Fuentes Ramírez, algunos de los traficantes más prolíficos de Honduras y Guatemala, proporcionaron a Hernández sobornos provenientes de las ganancias de las drogas para apoyar su carrera política a cambio de la protección y la colaboración del expresidente en el narcotráfico.
Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional (PN), fue presidente del Congreso Nacional (CN), en el periodo 2010-2014, poder que sustituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Hernández fue elegido presidente por primera vez en 2013 tras derrotar a la actual presidenta Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), en una polémica elección señalada de fraude.
El segundo mandato de JOH fue en 2017; sin embargo, su reelección se vio empañada por denuncias de fraude que consistió en una caída histórica de cinco horas de los servidores que recibían los datos de las urnas ubicadas en las diferentes partes del país, puesto que los dos procesos electorales que ganó Hernández fueron administrados por el extinto Tribunal Superior Electoral.
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MILLONES DE DÓLARES
Por otra parte, Hernández abusó de su posición como presidente de Honduras entre 2014 y 2022 para operar el país como un narcoestado, afirmó el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, en una rueda de prensa en Washington.
La acusación formal, de 20 páginas, alega que Hernández formó parte de una conspiración que desde 2004 transportó más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a través de Honduras; procedente de Colombia, Venezuela y otros países.
«Como parte de esa conspiración, Hernández recibió «millones de dólares de múltiples organizaciones narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares», indica la acusación.
«Hernández usó esos beneficios del narcotráfico para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral, incluido en relación con las elecciones presidenciales de 2013 y 2017», agregó.
En concreto, Estados Unidos alega que en 2013, Hernández recibió un «soborno de un millón de dólares» del narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo Guzmán»; entonces líder del cartel de Sinaloa, «a cambio de una promesa de proteger» a ese cártel en Honduras.
JOH SE PRESENTARÁ ANTE EL JUEZ
El expresidente, de 53 años, hará su aparición inicial este viernes ante el juez Stewart D. Aaron en Nueva York, y está por ver qué pena pedirá contra él la Fiscalía, pero el Departamento de Justicia ya adelantó este jueves las sentencias asociadas a los cargos de los que le acusa.
Por el primer cargo que enfrenta Hernández, el de «conspiración para importar» más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos; la sentencia mínima es de 10 años y la máxima de cadena perpetua, si es declarado culpable.
Por el segundo, usar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para apoyar la importación de cocaína, puede recibir un mínimo de 30 años y un máximo de cadena perpetua; y por el tercero, «conspirar para usar» las citadas armas, el máximo es también pasar la vida en prisión.
Será un juez federal quien determine la sentencia si Hernández es declarado culpable por un jurado, recordó el Departamento de Justicia.
En marzo, un juez del mismo tribunal donde será juzgado Hernández condenó al hermano menor del expresidente; Juan Antonio «Tony» Hernández, a cadena perpetua más 30 años de prisión, por la misma conspiración de narcotráfico de la que ahora está acusado el exmandatario.
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