Policía y Seguridad Pública tendrían un grave retroceso con reintegro de 4,000 policías depurados

El 90% de los policías depurados recibieron sus derechos laborales, según un informe de la Secretaría de Seguridad.

 

Tegucigalpa- Honduras. ¿Cuál sería el impacto en la Policía Nacional (PN), y en la Seguridad Pública el reintegro de más de 4,000 policías depurados del estamento policial en los últimos años por corrupción y colaborar con las pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico?

Esta es la interrogante que asalta a los hondureños, luego que trascendiera el posible retorno a las filas policiales de más de 4,000 efectivos policiales que fueron depurados entre 2016 y 2021 como parte del proceso de reestructuración y depuración del cuerpo armado policial.

En los últimos cinco años fueron depurados de la Policía más de 6,000 oficiales de alto rango, así como oficiales y agentes de escala media y básica bajo las figuras de «cancelación y reestructuración» a los cuales se pagaron más de 800 millones de lempiras en prestaciones.

El 90% de los policías depurados recibieron sus derechos laborales, según un informe de la Secretaría de Seguridad.

Para 2018, el Estado pagó a los policías depurados 143.8 millones de lempiras y en 2019, un poco más de 40 millones de lempiras. Mientras que en 2020 se desembolsaron 10.9 millones de lempiras y en los primeros ocho meses de este 2021, 10.5 millones de lempiras.

 

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ALGUNOS POLICÍAS DEPURADOS FUERON CONDENADOS

Según información proporcionada por la embajada de los Estados Unidos, el Ministerio Público (MP), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), más de un centenar de comisionados, subcomisionados y comisarios no pudieron justificar sus millonarias fortunas y sus vínculos con las pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico.

De hecho, varios de estos policías depurados fueron juzgados y condenados por la justicia de Estados por colaborar con capos del narcotráfico como Wilter Blanco, los Valle Valle, Los Cachiros, Geovanny Fuentes, Tony Hernández y tuvieron algún grado de participación en crímenes emblemáticos como el del general Julián Arístides González, el Fiscal de oro Orlan Arturo Chávez y el asesor y analista Alfredo Landaverde, entre otros.

 

 

COMISIÓN Y DEPURACIÓN DE LA POLICÍA

Al margen de si el proceso de depuración realizado por la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía se hizo o no apegado a derecho y respetando el debido proceso y el derecho de inocencia y defensa de los expulsados, expertos opinan que el reintegro de miles de policías depurados significaría un grave retroceso en la institución y en la seguridad pública
del país.

Considerando la experiencia de los fracasados procesos de depuración que tuvieron lugar en el pasado, esta vez el Estado tuvo el cuidado de protegerse y evitar que los depurados fueran restituidos como ocurrió cuando el exministro de Seguridad Gautama Fonseca expulso a decenas de oficiales y posteriormente el Estado tuvo que restituirlos con todos sus derechos.

Esta vez el Congreso Nacional (CN), el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tuvieron el cuidado de blindar la depuración policial al emitir varios decretos, uno de ellos que declaró la emergencia en el sistema policial y que le daba a este proceso un tratamiento especial.

Particularmente los decretos 021-2016 y 029-2016 y sus posteriores reformas, aprobado por la mayoría de los miembros del Congreso Nacional, estableció clausulas para evitar que los policías depurados pudieran alegar en el futuro despidos injustificados o al margen de la ley.

 

 

Estos decretos, entre otras cosas, facultan al secretario de Seguridad y la Comisión de Depuración para que procedan
a la reestructuración inmediata de la secretaria de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional, ejecutando un proceso de reestructuración, cancelando los acuerdos del Personal de los miembros de la Carrera Policial no idóneo y que este siendo investigado por la comisión de hechos ilícitos, sin responsabilidad para el Estado.

Además, faculta para cancelar con justa causa de despido a cualquiera de los miembros de la Policía Nacional sin responsabilidad para el Estado, por la falta de idoneidad para el ejercicio de su función como por la pérdida de confianza, basado en el dictamen que al efecto emita la Comisión Especial.

Aunque el proceso quedó ampliamente blindado, según juristas consultados, la única posibilidad que puede permitir el reintegro de todos los policías depurados es que el Congreso proceda a derogar los decretos antes mencionados, lo cual sería un grave retroceso en la depuración y en el proceso de garantizar la paz y seguridad de los hondureños, dado los antecedentes ilícitos y criminales de la mayoría de los policías cancelados.

 

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