Bancada Liberal fija postura de elección del Procurador y Subprocurador

El Congreso Nacional juramentó recientemente al nuevo procurador y subprocurador general de la República.

 

Tegucigalpa- El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal ( CCEPL), y la Bancada Liberal fija su postura ante la elección del Procurador y Subprocurador de la República.

Asimismo, conocer su postura considerado por múltiples sectores como el nuevo “pacto de impunidad” aprobado por la facción que controla actualmente el Poder Legislativo. Ahora bien, constitucionalmente corresponde al Congreso Nacional (CN), hacer la elección del Procurador y Subprocurador general de la República, no correspondía ejercitar esta atribución en el momento en que lo PL pide legalizar elección.

El Central Ejecutivo y la bancada liberal, hicieron hincapié en su rechazo hacia los partidos Libre y PSH por “la elección inobservando que los elegidos no cumplen con uno de los requisitos que exige la Constitución de la República para el cargo (artículo 229 en relación con el artículo 309, numeral 3), por lo que exhortamos a la presidenta del Poder Ejecutivo a no sancionar un decreto con vicios de nulidad”.

El Congreso Nacional juramentó en las últimas horas al abogado Manuel Díaz como nuevo procurador general y al abogado Tomás Andrade en el cargo de subprocurador, para un período de cuatro años. El nuevo procurador y subprocurador general iniciarán sus funciones a partir del 2 de febrero de 2022 hasta el 2 de febrero de 2026.

 

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La moción para elegir al nuevo procurador y subprocurador fue presentada por el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, la cual de inmediato fue aprobada por el Congreso Nacional.

El diputado indicó que las hojas de vida del procurador y subprocurador de la República juramentados en
el cargo fueron socializados con las bancadas presentes.

Por otro lado, los liberales desaprobaron la denominada Ley de Amnistía para la Liberación de los Presos Políticos y los Presos de Conciencia, aprobada por la facción que controla el Hemiciclo Legislativo pues argumentan que la discrecionalidad que otorga ese marco jurídico puede dejar sin sanción a personas, cuando dichos actos deben ser conocidos y resueltos por la justicia.

Indicaron que su postura sobre la Ley de Amnistía es coincidente con la forma en la que la han catalogado ya personas del entorno de la presidenta Xiomara Castro, como el doctor Edmundo Orellana Mercado, ministro en materia de transparencia y combate a la corrupción del nuevo gobierno, quien la llamó “un nuevo pacto de impunidad”.

También recomendaron a los 33 diputados de Libre y 10 del PSH, protagonistas de lo que se ha aprobado recientemente, “a actuar en consonancia con lo que ofrecieron en campaña, con transparencia y en apego a la ley, pues de lo contrario será como ya se dice que es: más de lo mismo”.

 

Redacción: Denis Omar Aguilar

 

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