Las autoridades detallaron que todo acto que se enmarque bajo la corrupción no debe ser ejecutado.
Tegucigalpa, Honduras. El gerente jurídico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Gustavo Solórzano, detalló mediante un análisis que el pago de auxilio de cesantía a los funcionarios públicos es improcedente.
Asimismo, especificó que, si se llegan a realizar, esto tendrá un gran impacto negativo económico para las finanzas del Estado.
“A estos empleados en ningún momento se les ha cometido algún daño, el auxilio de cesantía se hace cuando hay un daño al trabajador y no es este el caso”, aludió.
Sin embargo, se detalló que, si el burócrata aceptó un cargo, debió ser conocedor de que el 27 de enero de 2022 terminaban sus funciones, es decir, ya estaban preavisados.
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Asesor legal COHEP, Gustavo Solórzano"Hay suficientes argumentos para no proceder a realizar pagos de prestaciones".
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Grupo INVOSA pic.twitter.com/yhyIno4u1H— Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) January 13, 2022
PAGOS IMPERTINENTES
El COHEP, en esta indagación ha determinado que esto puede generar responsabilidad civil, administrativa e incluso penal para aquellos que reciban esa retribución, asimismo, es catalogado de improcedente el pago a estos funcionarios
En ese sentido la diputada electa por el departamento de Cortés, Fátima Mena, en una entrevista para Radio Cadena Voces (RCV), dijo que es vergonzoso que empleados de confianza, que se desempeñaron en cargos públicos y con jugosos salarios se hayan auto despedido para cobrar prestaciones.
“Esto es reparable, por un acto de dignidad, todos aquellos que ha recibido ese dinero, si no quieren ser perseguidos tendrán que devolverlo”. especificó.
El gerente concluyó que, no es correcto que con los impuestos de los hondureños se ejecuten esas liquidaciones, mal gastando los recursos en cosas que no se hacen en otros países.