MP debe sancionar a los políticos que pagaron grandes cantidades de dinero, para distorsionar la voluntad popular, aseveró Zelaya.
Tegucigalpa. El abogado Marco Antonio Zelaya, manifestó que el Ministerio Público (MP), deberá castigar a los políticos y no solo a miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), ya que representa una gran deuda con el pueblo hondureño, además sería un buen mensaje nacional e internacional que se castigue a todas las personas.
Asimismo, mencionó que, se tiene que investigar no solo el indicio de participación, sino también el grado de participación en esa junta electoral, se debe saber a quién fue que favoreció y establecer los grados de responsabilidad.
En ese sentido, La Unidad Contra Delitos Electorales (UECDE) del MP presentó, requerimientos fiscales por adulteración de actas en el nivel electivo de diputados, por consiguiente, miembros de la Policía Nacional (PN), han detenido a la primera persona acusada. Se trata de un joven identificado como Norman Dionisio Rivas Sierra, de 22 años de edad. A él se le capturó en la colonia Miraflores de la capital, de donde es residente.
De acuerdo con, las investigaciones realizadas por el MP en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rivas colaboró en una de las JRV.
De igual manera, el experto en Derecho destacó que, «no solo se debe castigar a las personas delegadas en las mesas, sino también a los políticos que pagaron grandes cantidades de dinero, para distorsionar la voluntad popular, porque tiene que haber una complicidad entre ambos».
Además, «se tiene que investigar a la persona detenida, para saber quien está detrás de todo y llevar a los tribunales a estás personas, y que la democracia nunca más se vea tan complicada como hasta ahora», señaló Zelaya.
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Abogado Marco Zelaya:
"Deben de investigar esa red y saber desde cuándo está operando, quienes son los candidatos que están detrás de esto"
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— Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) December 23, 2021
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CÓDIGO PENAL
Por otra parte, según la portavoz del MP, Lorena Calix, las personas acusadas de delitos electorales podrían enfrentar hasta seis (6) años de prisión. A través de medios locales, Calix explicó que esa pena ya la establece el actual Código Penal en su capítulo cuatro (4).
Mientras tanto, las versiones de expertos y sociedad civil manifiestan que el precedente hasta ahora realizado por el MP solo es para «calmar las aguas» con la demanda popular y denuncias a través de los medios de comunicación. Sin embargo, estas acciones deber ser más investigadas, tal es el caso del exministro de la presidencia Ebal Díaz, quien de estar en la posición 11, pasó a estar en la siete en menos de 48 horas, según denuncias.
Las investigaciones se comenzaron debido a las supuestas adulteraciones de actas emitidas por las JRV, en el nivel electivo de diputados.
REDACCIÓN: Kenia Sánchez
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