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El contrato de Palmerola dispone que el Estado de Honduras deberá acreditar a PIA un cofinanciamiento de $ 22.8 millones que saldrá del canon que generan los otros cuatro aeropuertos del país.
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El traslado de operaciones de Toncontín a Palmerola deberá efectuarse el 15 de diciembre, caso contrario el Estado pagará a PIA una compensación de 800,000 dólares mensuales.
Por Dagoberto Rodríguez, RCV
TEGUCIGALPA. La revisión del cuestionado contrato de concesión del aeropuerto de Palmerola deberá pasar por eliminar o renegociar todos los artículos o cláusulas económicas que son lesivas a los intereses del Estado de Honduras y que solo benefician a la empresa concesionaria, en este caso al Grupo Emco y Aeropuertos de Munich.
El pasado fin de semana la presidenta electa, Xiomara Castro de Zelaya, afirmó que el contrato de Palmerola es ilegal y un monopolio que elimina la competencia, por consiguiente será revisado y modificado conforme a Ley. “Los monopolios son prohibidos constitucionalmente y lesivos al interés nacional”, subrayó Castro.
El Contrato, elaborado y estructurado en 2015 por la desaparecida Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas (Coalianza), contiene disposiciones leoninas y desproporcionalmente beneficiosas para la concesionaria, dejando al Estado prácticamente en franca desventaja y sin ningún tipo de beneficios por más de 35 años, tiempo que dura la concesión.
Como por ejemplo, el contrato establece que será hasta después del año 28 que Palmerola International Airport (PIA), comenzará a pagar al Estado un 10% sobre la tarifa de pasajeros internacionales en concepto de canon aeroportuario, pero bajo una cláusula que ese porcentaje se aplicará una vez que sea superada la meta de 600,000 pasajeros anuales.
Las proyecciones contractuales consignan que el tráfico base de pasajeros de Palmerola arrancará con 272,000 viajeros anuales con un crecimiento estimado del 3% anual, es decir, 8,160 pasajeros en el primer año, cifra que se irá ajustando anualmente según el crecimiento de la demanda.
Con base a ese porcentaje de crecimiento porcentual, los expertos estiman que será hasta el año 28 de la concesión que se alcanzarán los 600,000 pasajeros anuales y a partir de ahí comenzará a correr el 10% de canon, lo cual implica que PIA solo pagará por los siete años restantes de los 35 que dura la concesión.
Según otra polémica cláusula, el pago del canon está sujeto al cumplimiento de las metas de tráfico de pasajeros, es decir, que en el caso que la demanda anual de pasajeros disminuya por debajo de la cifra indicada (600,000 viajeros) el pago del canon a favor del Estado no será efectuado en el periodo fiscal siguiente, de modo que la empresa no arriesga ni pierde nada.
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Otro aspecto polémico del acuerdo es que en los primeros 28 años se establece una tarifa de 60.49 dólares, distribuidos en 46.99 dólares para la empresa concesionaria y 13.50 para el Estado, de los cuales 2.50 dólares corresponden a Oirsa, 9 a Migración y 2 dólares a la División de Seguridad Aeroportuaria (DSA).
Oscuro cofinanciamiento
Otro aspecto oscuro del contrato es el hecho que el mismo crea un cofinanciamiento del Estado a favor de la empresa concesionaria PIA en los tres primeros años de operaciones de Palmerola que asciende a un monto total de 22.8 millones de dólares, unos 547 millones de lempiras que se abonarán mediante aportes anuales.
El citado cofinanciamiento saldrá del canon que generen los aeropuertos de Toncontín en Tegucigalpa, Golosón en La Ceiba, Juan Manuel Gálvez de Roatán y Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, lo que implica que una gran parte de los ingresos que generen estos cuatro aeródromos se destinará al cofinanciamiento de Palmerola, lo que irá en detrimento del país y del desarrollo y modernización de estos cuatro aeródromos.
“En el caso que la asignación de los recursos provenientes de las concesiones mencionadas no se concrete, el Estado de Honduras podrá recurrir a un endeudamiento externo por el monto del cofinanciamiento (22.8 millones de dólares) o en todo caso es el responsable de buscar los fondos necesarios para alimentar el fideicomiso, quedando obligado a registrar anualmente en su partidas presupuestarias el monto necesario de acuerdo con lo establecido en el cronograma de desembolsos de cofinanciamiento”, cita el contrato.
Además de lo anterior, el traslado de operaciones de vuelos internacionales de Toncontin a Palmerola deberá efectuarse a partir de este 15 de diciembre, tal como lo dispuso la autoridad de Aeronáutica Civil, pero en caso de no cumplirse, el Estado de Honduras deberá pagarle a PIA una compensación de 800,000 dólares mensuales.
Aparte de todos esos leoninos beneficios, la concesionaria de Palmerola está exenta de por vida del pago de impuestos internos y aduaneros, Impuestos Sobre Ventas, tasas municipales, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto del Activo Neto y Aportación Solidaria Temporal, Impuesto Selectivo al Consumo y Derechos Arancelarios, tasas, sobretasas, contribuciones y otros tributos para la importación de equipos y materiales, entre otras mas´.
Cabe indicar que el proyecto del aeropuerto de Palmerola estaba planificado para ser concluido a finales del año 2019, pero la empresa incumplió aduciendo también incumplimientos del Gobierno. Pese a ello el Gobierno no invocó una clausula de incumplimiento ni impuso ninguna multa PIA.
Estos, entre otros más, son algunos aspectos que deberán ser revisados y modificados por el nuevo Gobierno para determinar la continuidad de la concesión bajo condiciones que realmente sean favorables al pueblo hondureño y no solo al concesionario.
Con base a todo lo anterior el contrato de concesión de Palmerola fue maliciosamente diseñado para favorecer a un solo actor, en este caso al concesionario PIA, generando un perjuicio al pueblo hondureño que no verá ni gozará de los beneficios económicos y fiscales de una obra faraónica construida para alimentar la egolatría de un gobernante.
La construcción de Palmerola, cuya inversión total ronda los 235 millones de dólares, de los cuales España aportó 53 millones como parte de un programa de reconversión de deuda con Honduras, ha sido criticada por diversos sectores porque consideran que la obra es demasiado onerosa en comparación con otras obras similares en el continente.
Además, se cuestiona el hecho que el Gobierno ha hecho la mayor aportación en términos de financiamiento y construcción de obras adicionales y el concesionario solo ha aportado una cantidad menor, sin contar que el Aeropuerto Toncontín quedará relegado a vuelos regionales centroamericanos, locales y privados.
